Paula Ruiz
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública condenó al exdiputado Abelino Esquivel, quien fungió en el periodo 2014-2018 por el Partido Renovación Costarricense, a tres años de prisión por el delito de tráfico de influencias agravado.
A él se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena, tomando en cuenta el tiempo que se le condenó.
Asimismo, se le impuso la pena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos también por un plazo de tres años.
La información fue suministrada este miércoles por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en virtud de su participación en este proceso como representante del Estado.
La condena se efectuó mediante la sentencia n° 803-2023 de las 16:10 horas del 27 de octubre de 2023 y todavía no está en firme.
Adicionalmente, Esquivel deberá pagar ¢5 millones como acción civil resarcitoria por el daño social causado.
“También deberá cancelar los intereses sobre ese monto desde la fecha de firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago, así como un millón de colones por las costas del proceso”, puntualizó la PEP.
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Beneficio para un reo
El caso que se siguió mediante el número de expediente 18-000067-33-PE se remonta al año 2018 cuando Esquivel, en su condición de diputado, realizó gestiones ante Marco Feoli, entonces ministro de Justicia y Paz, para la liberación de un reo.
Esto con tal de aplicar el beneficio carcelario sin cumplir con los requerimientos.
“En favor de un privado de libertad -con quien el exlegislador mantenía amistad- y saliera en libertad de la cárcel en donde se encontraba por un delito de violación a persona menor de edad, y generar así un ventaja indebida para este, al no seguir con los procedimientos establecidos por los cuerpos técnicos de los Centros de Atención Institucional y el Instituto Nacional de Criminología”, recordó la Procuraduría.
El tráfico de influencias sanciona a quien de manera directa o indirecta utiliza su cargo en la función pública. Esto para que otro actúe en su favor o de otra persona de su cercanía.
La condena va de 2 a 5 años de prisión, pero se eleva en un tercio más cuando es realizada por quien ejerza cargos como la Presidencia y Vicepresidencia de la República así como miembros de Supremos Poderes, Procurador General, entre otros.
