Allan Arroyo
El exministro de Ambiente (2006-2009) Roberto Dobles Mora demandó en Estados Unidos a la firma Black Hills Corp. apoderada de Mallon Oil Company, bajo el alegato de que había dejado de recibir millones de dólares en pagos por regalías por ayudar a esta firma a explorar y explotar gas y petróleo en la zona norte de Costa Rica.
Dobles alegó que tenía un acuerdo con Black Hills para guiar el proceso el aprobación de los permisos que le permitirían a la compañía bombear hasta 1.000 millones de barriles de petróleo en una región de 2,3 millones de manzanas. Pero el acuerdo finalmente fracasó porque Black Hills determinó no renovar su vínculo para garantizar las concesiones de hidrocarburos.
Así lo dio a conocer el medio The Dakota Scout desde el 22 de setiembre del 2022. La demanda legal del exministro no prosperó. El medio digital AmeliaRueda.com publicó sobre este tema este domingo.
El acuerdo que el exjerarca alega que se rompió y lo perjudicó habría comenzado el 1 de enero del 2010, seis meses después de que Dobles dejó su cargo como Ministro del Ambiente, según aparece en el expediente del caso Dobles VS Black Hills Corp. de la Corte del Distrito de Dakota del Sur en Estados Unidos.
Dicho documento también hace alusión al proceso legal que Dobles presentó contra esta empresa en Colorado.
“El 1 de enero de 2010, BHE&P y BHGR/MOC firmó un Acuerdo de Consultoría con Dobles. El Acuerdo de Consultoría era por un mandato de un año pero renovado por seis más meses de mutuo acuerdo”, dice el expediente.
Explica además que Black Hills Exploration y Production, Inc. (“BHE&P”) buscó contratar un costarricense muy respetado y conocedor que los ayudara con el proceso regulatorio y eligieron a Dobles “con base en sus conocimientos y experiencia en exploración de petróleo y gas en Costa Rica”.
Al exministro se le contrató una consultoría por $4.000 mensuales más reembolso de gastos y además un “Acuerdo de Regalías”, en el que se estipuló que recibiría hasta un 3% por las ganancias que generarían la actividad que la empresa pretendía realizar en Costa Rica.
Adujo en sus demandas que la empresa perdió el interés, no dio los pasos que debía de dar que involucraban inversiones fuertes y el proyecto no logró consolidarse.
“Dobles alega que existía una ‘dicotomía y tensión inherente’ entre el negocio conservador de servicios públicos de BHC (que proporciona un rendimiento constante y predecible) y su negocio de exploración y producción de petróleo y gas (que experimenta fluctuaciones extremas en sus ingresos), lo que preocupaba a los demandados sobre lo que podría suceder con el precio de las acciones de BHC y la calificación de bonos si buscara proyectos de petróleo y gas”, dice parte del expediente de la demanda.
Agrega que BHC sabía que, tras la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y la emisión de una orden de inicio, tendrían que iniciar operaciones en el terreno en seis meses, lo que costaría varios millones de dólares.
“Dobles alega que BHC emprendió una estrategia de retrasar la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de Campo, al adoptar la posición insostenible de que el Estudio de Impacto Ambiental de Escritorio era suficiente y luego litigar sobre ese tema durante varios años”, indica.
Continúa argumentando que en 2014, la firma presentó finalmente ante Setena una solicitud para un Estudio de Impacto Ambiental y un año después, la Corte Suprema de Costa Rica confirmó que la concesión era válida y no afectada por una moratoria y que se requería un Estudio de Impacto Ambiental de Campo.
“Unas semanas después, los demandados cesaron los esfuerzos para obtener un Estudio de Impacto Ambiental de Campo y despidieron o retiraron los fondos a sus consultores”. Los demandados terminaron el acuerdo de consultoría con Dobles en noviembre de 2015.
Dobles también afrontó juicios por el decreto que permitió la minería en Crucitas. En noviembre fue absuelto.
El exministro dejó su cargo en el Gobierno de Óscar Arias en medio de cuestionamientos por presuntamente haber firmado una concesión para extraer arena, piedra y grava del río Aranjuez en Puntarenas a una empresa vinculada a su familia.
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Gas y petróleo en Costa Rica
La compañía Mallon Oil Company fue adjudicada en marzo del 2000 para una licitación con el fin de explorar y explotar hidrocarburos en seis bloques de la zona norte.
Las zonas era San Carlos (Alajuela), Sarapiquí (Heredia) y Pococí (Limón).
El proceso se dio en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, sin embargo en la siguiente administración, el presidente Abel Pacheco firmó una moratoria.
En 2003, Mallon Oil Company (MOC) pasó a manos de Black Hills Corp. por una transacción de compra.
El proceso tuvo frenos por más de una década entre proceso judiciales y la oposición de diferentes grupos ambientalistas.
Durante la administración de Laura Chinchilla el entonces ministro del ambiente, René Castro, dijo que no firmarían el contrato de exploración y explotación de gas y petróleo porque no estaban de acuerdo con promover esta actividad en el país.
La firma llevó a la Sala Constitucional sus reclamos.
En el 2013 el Tribunal Contencioso Administrativo se trajo abajo el Reglamento para la realización de Estudios de Impacto Ambiental para los Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado el 17 de marzo de 1998, lo que dejó en el limbo la concesión de Mallon Oil Company.
De acuerdo con las autoridades, a la compañía le correspondería hacer los debidos estudios y análisis ambientales de campo. Para enero de 2020, BHC perdió la concesión al no renovar la garantía anual.
Desde la administración de Abel Pacheco, la exploración y explotación de gas natural y petróleo en Costa Rica es prohibida mediante un Decreto Ejecutivo. La administración de Carlos Alvarado emitió una extensión hasta el 2050.
Potencial en análisis
En los últimos meses, la posibilidad de explotar gas y petróleo en territorio costarricense ha recobrado notoriedad.
La idea estuvo en las propuestas de algunos de los candidatos en la anterior campaña presidencial y el abril del año pasado, la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (Uccaep) hizo un llamado público a permitir la actividad.
Los empresarios presentaron un documento llamado “Propuesta de Uccaep para una política energética equilibrada” y hablaron de yacimientos potenciales de Gas Natural en Moín, Limón y Río Blanco en el Caribe, que podrían generar al menos $251.000 millones.
En la exposición y conferencia de prensa estuvo presente Roberto Dobles, como coordinador de la Comisión de Energía de Uccaep.
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El actual Gobierno no cierra las puertas a esta posibilidad. En agosto pasado, el Presidente Rodrigo Chaves se mostró anuente a que se estudie el potencial de Costa Rica en estos recursos.
“Mi punto de vista es que tenemos que evaluar el valor del recurso que está ahí que parece que es multibillonario en dólares, para tener una discusión nacional de qué le conviene a este país”, dijo en conferencia de prensa.
En ese momento, el expresidente Carlos Alvarado reaccionó en redes sociales en contra de la idea.
“Millones de personas sufren por temperaturas récord, inundaciones e incendios forestales en todo el mundo. En este mismo mundo, algunos políticos y empresarios insisten que Costa Rica, líder ambiental, explote gas natural”, escribió.
“Si queremos tener futuro, no podemos dejar que esto ocurra”, reclamó el exmandatario Alvarado.
Pocos días después, desde Casa Presidencial se informó que un “gobierno amigo” se encargará de hacer el análisis sobre el valor de las reservas de gas natural que hay en Costa Rica, para abrir el debate sobre la exploración y explotación de este hidrocarburo.
Ya desde junio de 2022, el ministro de Ambiente, Franz Tattanbach, expuso ante los diputados su negativa que prohibir esta actividad mediante una ley, como se discutió en Asamblea Legislativa.
“Estamos en contra que se prohíba por ley; no creemos que sea necesario. Está actualmente por decreto, esa moratoria está bien pero no vemos que sea necesario prohibirlo por ley”, declaró en este momento a El Observador.
