Paula Ruiz
En 2006 cuando Mario Zamora fungió como director de Migración y Extranjería, se le acercaron dos personas de la mafia china para ofrecerle $2,5 millones a cambio de otorgar 500 visas a asiáticos.
Desde ese momento, se contactó con el entonces fiscal general Francisco Dall’Anese. Así, inició un proceso monitoreado con el fin de recabar prueba contra esta organización denominada “Dragón Rojo”.
“El OIJ me asignó un oficial y tanto él como yo asistimos a la reunión”, narró Zamora. “Ahí se oficializó la propuesta, a lo largo de cuatro meses estuvimos reuniéndonos con estos grupos de mafias reuniendo evidencia”, recordó.
“Todas las operaciones fueron controladas por jueces y se reunió como en un ningún otro caso de trata de personas, prueba abundante y contundente para demostrar el ilícito y demostrar la responsabilidad penal de que traían ciudadanos chinos a Costa Rica para ser esclavizados en términos laborales”, amplió Zamora.
Son personas oriundas de China quienes trabajan de forma gratuita por un período de 10 años para quienes los compran en suelo nacional.
La visa se convierte en el mecanismo por el cual pueden llegar a Costa Rica, comentó.
Fue hasta 2007 cuando la operación cerró con la detención de cinco personas, tres lideresas de la banda y dos gatilleros que las resguardaban.
La sorpresa es que con el pasar del tiempo, el Ministerio Público nunca elevó el caso a juicio, resaltó Zamora.
“Teniendo prueba abundante que demostraba la ocurrencia del delito que sí se verificó, de quienes eran los responsables y cómo funcionaban y es 10 años después, en 2016, prescribe y los dineros increíblemente terminan siendo devueltos a estas personas porque nunca se elevó a juicio”, recordó el exdirector.
Zamora fungió como Ministro de Seguridad durante la administración de Laura Chinchilla.
“Lamentablemente quedamos con un sinsabor de cómo opera la justicia en Costa Rica que además es nuestro orgullo, siempre haber acreditado un sistema de justicia que era el mejor en América Latina pero, cuando se pone a prueba con casos extremos, lamentablemente sigue teniendo rasgos del tercer mundo”, fustigó.
Su experiencia
“Esa es mi experiencia con la Justicia costarricense. Nunca solicite ningún trato privilegiado por haber sido Ministro de Seguridad ni Director de Migración, solo esperaba justicia como la espera cualquier otro ciudadano como yo. Y eso nunca pasó”, escribió Zamora.
OBSERVE MÁS: Juzgado libera a última detenida por Caso Cochinilla
Además del riesgo personal de exposición ante la mafia china y el trabajo de funcionarios judiciales, para Zamora “todo ese esfuerzo quedó invalidado”.
Incluso, por la liberación de los sospechosos pese al riesgo para su vida por tratarse de gatilleros que podían atentar contra su vida.
“Pienso que una persona en condiciones como la mía hace una denuncia como esta y termina en nada es una mala señal para los habitantes y para quienes denuncian corrupción”, amplió.
“Todos los colegas del mundo migratorio reconocen que nunca un caso contra la mafia china se había documentado tanto como se hizo en Costa Rica”, dijo el exministro.
Explicó que todo el mundo sabe cómo opera pero nunca había sido acreditado con pruebas para judicializarlo
Desconfianza en el sistema
Justamente, en el contexto del Caso Cochinilla, una encuesta de la firma Demoscopía para El Observador develó la desconfianza de los costarricenses en el sistema judicial.
A pocos días de haber estallado este escándalo de corrupción, a las personas se les consultó sobre el tema. “¿Tiene usted confianza en que la Fiscalía y autoridades judiciales vayan realmente a esclarecer este hecho y hacer justicia sobre estos últimos acontecimientos en el país?”
Un 55,3% respondió de forma negativa frente a un 38,5% que manifestó que sí confía en que la Fiscalía y las autoridades judiciales esclarezcan el caso. El 6,2% lo completan quienes dicen no saber o prefieren no responder.
Así se desprende de la más reciente encuesta de la firma Desmoscopía para El Observador, que se realizó entre el 18 y 22 de junio anteriores.
OBSERVE MÁS: Encuesta | 5 de cada 10 ticos desconfían que se haga justicia con los involucrados en el Caso Cochinilla
Casos sin resolver
Además del caso más reciente, otros sonados como el cementazo de la administración Luis Guillermo Solís continúan a la espera de juicio.
También está el de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en el Gobierno de Carlos Alvarado continúan estancados.
También está la de "trocha fronteriza" cuyo origen dada del 2012. Es decir, el próximo año cumplirá diez años pero, aún no hay fecha de juicio.
El artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica establece que debe haber "justicia pronta y cumplida".
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 15 de junio anterior que realmente eso no está sucediendo.
"Es una preocupación constante pero la justicia no es pronta y cumplida por muchos factores aparte de las deficiencias, el diseño puede tener factores que la justicia sea lenta pero el que litiga muchas veces quiere que el asunto no acabe nunca", concluyó.
*Imagen principal tomada de UCR
