Josué Alvarado
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, dice que tiene monitoreados y controlados los tiempos en los que prescriben las denuncias relacionadas al caso de supuesta estafa conocido como Aldesa.
Por eso, señala que el riesgo de que las denuncias prescriban es muy bajo y que el objetivo del equipo que él lidera es llevar este caso a los Tribunales de Justicia.
Esta es la reacción del jerarca horas después de que un grupo de inversionistas expresara su temor a que el caso prescriba, es decir, que se acabe el tiempo que la ley otorga para que la Fiscalía arme el caso y lo eleve a juicio.
“Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba”, señaló Díaz.
“La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso”, añadió el jerarca.
Flora Fernández, inversionista de Aldesa y el Presidente Rodrigo Chaves. (Josué Alvarado/El Observador)
OIJ deberá entregar informe forenses antes del 31 de octubre
El Ministerio Público informó que el progreso de este caso depende ahora de cuatro informes de auditoría forense que se solicitaron a la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Dos de esos informes están relacionados con los hechos en perjuicio de los inversionistas y los dos restantes son ampliaciones requeridas por el Ministerio Público.
El plazo para entregar estos documentos finalizaba el 24 de octubre. Sin embargo, la sección del OIJ pidió una ampliación de plazo, que el Ministerio Público acogió por una única vez.
El nuevo tiempo límite es el próximo 31 de octubre.
De acuerdo con la fiscalía especializada de las 26 denuncias relacionadas a este caso 22 prescribirían entre los años 2028 y 2029. Otras cuatro terminan su plazo en poco más de siete meses, el 10 de junio del 2019.
Sobre estas últimas cuatro es que los inversionistas que se habrían visto afectados tienen temor de que queden en la impunidad.
El Ministerio Público señaló que estas denuncias se tramitan en el expediente 19-000157-1220-PE por los presuntos delitos de estafa y e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), denominado reducción de la pena.
“Investigación compleja”
En el mismo pronunciamiento de este jueves el Ministerio Público cataloga el caso como una “investigación compleja”.
Señala que la causa está compuesta por 5.323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3.537 folios.
Entre otras diligencias hechas en el marco de este caso, el Ministerio Público destaca:
- 13 sitios allanados
- Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias en cajas y bolsas y 83 dispositivos electrónicos
- Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa
- Revisión de los correos electrónicos de ocho archivos de correo correspondientes a funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25.000 correos por archivo
- Revisión de correos electrónicos de seis funcionarios de Aldesa, con un aproximado de archivo de 30.000 correos
- Revisión de un total de 4.425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa
- Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes
- Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada de tipo bancario, tributario y bursátil
Inversionistas piden justicia
Este jueves 26 de octubre el mandatario, Rodrigo Chaves, atendió a un grupo de las personas afectadas por este caso en Casa Presidencial. Según Chaves prestó los podios y micrófonos para darles un espacio a través del cual expusieran su preocupación.
“Hay muchos intereses para que este caso prescriba. Son personas muy influyentes los que estaban tanto en la Junta Directiva como Javier Chaves. Habían vínculos con la anterior fiscal general, que era la esposa del abogado de Javier Chaves , de manera que a mi no me sorprende que quieran hacer prescribir el caso”, aseveró la inversionista Flora Fernández, en alusión directa a la exfiscal Emilia Navas y el abogado Francisco Campos.
El presidente Chaves dijo que el fiscal general tenía una oportunidad histórica en ese cargo “para que se acabe el silencio y para que él y su respetable oficina puedan demostrar que por lo menos esto va a llegar sin prescribir a un juicio”.
El grupo de personas afectadas pide al Ministerio Público que se haga justicia antes de que se venza el plazo.
