Sergio Arce
El Ministerio Público allana la casa de Rodolfo Méndez Mata, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Agentes de la Fiscalía se encuentran en la vivienda del Ministro en Naranjo así como en su despacho, en las oficinas principales del MOPT en San José.
También hay diligencias en los departamentos de Informática y Planificación Sectorial.
Esto como parte de las investigaciones que la Fiscalía realiza desde el año pasado en torno al Caso Cochinilla.
La casa del ministro Méndez Mata es uno de los tres sitios allanados este jueves en el marco del expediente 19-00028-033-PE.
Las acciones operativas son dirigidas por el Fiscal Subrogante ad hoc para esa causa, Miguel Ramírez López, por tratarse de una investigación en contra de un ministro, quien tiene inmunidad.
De acuerdo con Ramírez, las diligencias se concentran en buscar prueba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas.
También en la supuesta conversión de rutas cantonales a nacionales, aparentemente en beneficio de terceras personas.
¿Qué pasó con los ¢78.000 millones?
En una entrevista con los fiscales, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó que los fondos que supuestamente se malversaron y que dieron sustento a la investigación del Caso Cochinilla ni llegaron a salir del Gobierno y menos lograron repartirse.
“Esos fondos no salieron del Ministerio de Hacienda en 2018, que se los dejó sin transferir y los usó para los pagos ordinarios.
“Y fueron consumidos para el presupuesto de la República”, aseguró en su declaración del 10 de febrero anterior ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Aguilar ya había adelantado dicho criterio en la Comisión Legislativa que ve el “Caso Cochinilla”. Ahora, lo reiteró ante el Ministerio Público según el acta a la cual El Observador tuvo acceso.
A la funcionaria se le preguntó sobre si los más de ¢78.000 millones bajo investigación habrían beneficiado a las constructoras, lo cual descartó.
“Esos fondos se quedaron en Hacienda, el ministerio no contrata empresas”, explicó.
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Luego se le repreguntó por el manejo de los fondos, pero según justificó terminaron por cubrir otros pagos del Estado.
“Era imposible que esos fondos se usaran para algo diferente porque se quedaron en el Ministerio”, insistió.
¿Qué ha pasado hasta ahora?
Las investigaciones del Caso Cochinilla datan del 2018 y se llevan en el expediente 19-000025-1218-PE.
Inicialmente se detuvo a 30 personas y se allanaron Casa Presidencial, Conavi, empresas y las casas de los sospechosos.
A ese grupo inicial se sumaron luego 45 imputados más que fueron convocados por la Fiscalía.
Además, cabe resaltar que en Cochinilla se aplica por primera vez la imputación a personas jurídicas dentro de un proceso penal. Ello permitió incluir a 10 personas como sospechosas.
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Tras los allanamientos e imputaciones, se han dado algunas audiencias y otros pasos han quedado congelados.
El 4 de octubre, por ejemplo, se canceló la sesión para apertura de evidencias
El 17 de noviembre, por su parte, se confirmó la declaratoria de crimen organizado. Esta figura permitió intervenciones telefónicas, lo cual era reclamado por los abogados de los imputados.
En 4 meses, entre el dictado inicial de las medidas cautelares y la vista oral de prórroga de medidas cautelares celebrada en octubre de 2021 la Fiscalía ha indagado a 40 personas.
Eso pese a que el 14 de junio del 2021, cuando se realizaron las diligencias de allanamiento y detención de personas, se indagaron aproximadamente 30 personas en menos de 24 horas.
