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Fiscalía indaga a expresidente Carlos Alvarado por dos causas en su contra

Exmandatario viajó desde Estados Unidos para cumplir con diligencia, informaron sus abogados.

Por Tomás Gómez

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Fiscalía indaga a expresidente Carlos Alvarado por dos causas en su contra
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El expresidente Carlos Alvarado, actualmente radicado en Boston, Estados Unidos, estuvo esta semana en Costa Rica enfrentando dos procesos ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía indagó al exmandatario por dos expedientes, confirmaron sus propios abogados a El Observador.

Una de las causas se relaciona al supuesto nombramiento ilegal de un miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); mientras que la otra se debe a una directriz que permitió integrar algunas vías cantonales a la red vial nacional durante el gobierno 2018-2022.

Los detalles fueron informados por la propia defensa del exmandatario, que reiteró su expectativa en que las causas sean desestimadas.

Además, resaltaron que el viaje a Costa Rica fue costeado por Alvarado para cumplir con la diligencia. 

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“Don Carlos ha atendido respetuoso el llamamiento judicial. Vino al país para colaborar con la justicia, como lo ha hecho siempre y como lo seguirá haciendo siempre que sea necesario, en el marco del respeto a nuestra institucionalidad”, señalaron los abogados defensores, Rodolfo Brenes y Róger Guevara.

Ambos mencionaron que “en los últimos años algunos actores han querido judicializar las diferencias de opinión que son consustanciales a la política y el ejercicio normal de la función pública; lo cual ha generado la apertura indiscriminada de procesos penales, a menudo sin fundamento o motivados por denuncias carentes de toda prueba”.

Según había confirmado la Fiscalía al cierre de la administración de Alvarado, él dejaba el cargo con 12 expedientes abiertos en su contra. Se le investigaban delitos como cohecho propio, malversación, nombramientos ilegales y prevaricato.

A ello se sumaba el caso por la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Este proceso reactivó en los últimos días al arrancar la revisión de los teléfonos celulares decomisados al entonces mandatario en 2020.

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La defensa de Alvarado insiste en que hay una judicialización de política (AFP)