Tomás Gómez
En junio del 2019, tras una serie de allanamientos en la sede de la empresa Aldesa y las viviendas de varios de sus principales representantes, el apoderado de la empresa, Javier Chaves, fue indagado por las autoridades judiciales para exponerle cuatro documentos de denuncias que hasta entonces habían en su contra.
Chaves fungía para ese momento como presidente y director ejecutivo de la corporación.
A inicios de esta semana, dicho empresario pasó nuevamente por la Fiscalía, donde se le hizo una ampliación del proceso, alimentado principalmente por análisis que ha hecho el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el caso.
Dos de los documentos abordan generalidades. Mientras que los otros dos analizaron 25 denuncias de personas físicas, empresas y asociaciones solidaristas. El Observador tuvo acceso a estos últimos.
“A raíz de esos informes, la Fiscalía tomó una decisión de hacer una ampliación indagatoria. En el caso de don Javier se hizo a principios de esta semana; ahí se volvió a reiterar y a poner en conocimiento”, detalló su abogado, Francisco Campos.
“A don Javier (Chaves) se le había intimado en el año 2019, en junio, solo por cuatro denuncias. En este caso, ya contando con los informes, se le hizo una ampliación sobre las denuncias sobre las cuales no se le había intimado”, amplió.
Antigua sede de Aldesa en la Carretera Vieja a Tres Ríos. (Archivo/El Observador)
Cierre de la operación
Por décadas Aldesa se posicionó como una entidad líder en el mercado bursátil costarricense.
No obstante, a finales del 2018 un problema de liquidez levantó dudas entre los inversionistas. Esa falta de recursos disponibles conllevó a tomar medidas que tampoco llegaron a buen puerto.
A inicios del 2019 la firma solicitó un proceso de Administración y Reorganización con Intervención Judicial (ARIJ). Este formato promueve un ajuste en las obligaciones como paliativo a un proceso de cierre.
No obstante, la medida no llegó a fructificar y en julio del 2022 el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la firma Aldesa. Esto como consecuencia de la incapacidad para efectuar un convenio con los acreedores para el pago de sus deudas.
¿Qué encontró el OIJ?
El caso judicial de Aldesa se sigue en varias vías, incluyendo también la penal.
Ahí está el expediente Nº 19-000157-1220-PE, donde se analiza el material decomisado en los allanamientos y las denuncias de más de 20 personas y empresas afectadas.
Como parte del trámite, la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (Sadef) del OIJ hizo el análisis a los casos específicos, los cuales se publicaron el mes pasado. El día 24 salieron ocho casos y el 27 un informe más grande abarcó a 18 denunciantes.
Este medio tuvo acceso a los textos, cuyos alcances generales abarcan reservas por la captación y manejo de los dineros.
Entre los aspectos recurrentes en los informes están:
- Aldesa tenía varias personerías incluyendo las reguladas y las no reguladas: existía el Puesto de Bolsa y otros entes bursátiles bajo revisión de la Superintendencia de Valores (Sugeval); pero también otras no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones.
- Captación se mantuvo, aún en tiempos de problemas: se cuestiona la continuidad de operaciones y recepción de dineros en momentos que ya había problemas. El OIJ identifica que se “captó y aceptó la inversión (…) prácticamente 6 semanas antes de la presentación de la solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial al Juzgado Concursal”.
- Asesores tenían diferentes roles: se analiza la acreditación de algunas de las personas que actuaban como corredores de bolsa. Además, se hace una diferenciación entre corredores y asesores.
- Importancia de la información: se insiste en las regulaciones que existen en materia de inversiones para que las personas puedan entender lo que pasa con su dinero. En ese punto se resaltan dudas con el cumplimiento de todos los datos que debían brindarse. “No constan documentos para comprobar si la agente de bolsa (nombre), reveló e informó de forma clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna, al cliente (nombre), todos los aspectos relacionados con los conflictos de interés y las vinculaciones comerciales, de subordinación y de control existentes entre las entidades involucradas”, dicen en varios de los casos. Adicionalmente se llama la atención por el uso de logos genéricos que solo decían “Aldesa” sin detallar cuál rama manejaba la inversión y el uso compartido de herramientas como teléfonos, entre los entes supervisados y los que no estaban regulados.
- Categoría de los inversores: para trabajar con inversionistas, a estos se les debe asignar categorías como “conservador, moderado o agresivo”, según la tolerancia al riesgo. También la regulación exige dividirlos entre los que saben de inversiones y los que no. Se investiga si se hizo de manera correcta.
¿Prescribirá Caso Aldesa?
El debate sobre el Caso Aldesa también está encendido por las reservas de algunos de los afectados sobre la posibilidad de una prescripción del caso.
El bloque de denunciantes alega que los casos penales prescriben a los 10 años. Es decir, el plazo de la denuncia por el caso Aldesa debía de extenderse hasta el 2029.
Sin embargo, el 7 de junio del 2019 la Fiscalía indagó a Javier Chaves Bolaños, presidente de Grupo Aldesa y principal señalado por las irregularidades de esta empresa dedicada a los negocios y a las inversiones.
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Con ello, el plazo baja a cinco años. De mantenerse el escenario actual, el caso prescribiría el 7 de junio del 2024.
La queja tuvo eco incluso en Caso Presidencial, que celebró una conferencia de prensa el 26 de octubre reclamando la acción de la Fiscalía.
Ese mismo día el Ministerio Público, en la figura del Fiscal General, Carlo Díaz, afirmó que tienen control de los tiempos y gestiones.
“Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba”, señaló el jerarca.
“La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso”, añadió el jerarca.
