Paula Ruiz
Dos proyectos de ley están en la mira de los diputados en el cierre de esta semana, uno en el contexto de la emergencia por la COVID-19 y otro que fue contemplado para la reactivación económica del país.
Se trata de las iniciativas de flexibilización de jornadas laborales, expediente 21.854; así como la de datáfonos, que se tramita mediante el 21.177. El Poder Ejecutivo presentó el plan flexibilización ayer por la tarde, como medida paliativa al sector empresarial, golpeado por la pandemia mundial.
Esto les permitiría reducir la jornada laboral de sus empleados con tal de evitar su despido.
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De acuerdo con el proyecto de Ley, la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá tramitar la solicitud de autorización de reducción de jornadas de trabajo.
“Este es un proyecto de ley que busca proteger el empleo de las personas en la coyuntura que vive no solo el país, sino el mundo entero a causa del nuevo coronavirus COVID-19”, señaló Geannina Dinarte, ministra de Trabajo.
En detalle, el proyecto indica lo siguiente:
- la persona empleadora podrá modificar los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo
- esto solo puede ser alterado cuando exista una afectación por el hecho generador que motiva la declaratoria de emergencia nacional
- la empresa está obligada a verificar ante la Inspección de Trabajo, la disminución de al menos el 20% de sus ingresos, producto del hecho generador que originó la declaratoria de emergencia
- deberá demostrarlo mediante declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado
- se autoriza a la reducción de hasta el 75% de la jornada laboral, cuando compruebe que producto de la emergencia nacional sus ingresos se redujeron en hasta 60%
- esa disminución en la jornada laboral es solamente por un plazo de tres meses, prorrogables por el mismo período en caso de que se mantenga la emergencia nacional
- si la persona no acepta la modificación, se autoriza a la suspensión del contrato laboral
“Sabemos que las empresas están requiriendo una solución rápida y sabemos que hay disposición, entendiendo la reducción de las empresas, hay disposición para preservar el empleo”, dijo Dinarte.
La iniciativa fue dispensada de todo trámite tras votación del Plenario este miércoles.
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Datáfonos
Diputados mantienen reunión con Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, para consensuar proyecto de flexibilización laboral. (Cortesía)
El lunes anterior, el proyecto que cambiaría los cobros de datáfonos fue parte de los eliminados de la agenda legislativa por parte del Poder Ejecutivo, con tal de que el Congreso se concentrara en proyectos de urgencia por la COVID-19.
Tras el reclamo de su impulsor, el oficialista Welmer Ramos, la iniciativa volvió a la discusión.
Ramos aseguró que el plan ayudará a los comerciantes, quienes podrían ver reducidos los costos de intermediación para el uso de datáfonos y por ende, reducir el impacto por la emergencia nacional.
La iniciativa de datáfonos culminó su período de mociones y quedó listo para su aprobación en primer debate.
El proyecto estipula que:
- el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinará las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores
- también podrá determinar las comisiones máximas de adquirencia y límites máximos a otras comisiones o cargos que establezcan los proveedores de servicio por el uso de los dispositivos de pago
- las comisiones máximas entrarán a regir el día 1 de enero de cada año, o conforme se indique en resolución general del BCCR
- tendrá que otorgar un “período prudencial” a proveedores del servicio para su adaptación a las nuevas reglas.
- imposición de multas millonarias a los proveedores que incumplan con la legislación
Se espera que ambas iniciativas sean analizadas en Plenario este jueves. También se votará en segundo debate el proyecto de moratoria de impuestos.
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