Hermes Solano
La reforma a la prisión preventiva, el proyecto número uno en la lista de prioridades de los tres poderes de la República, sigue estancado. Esto luego de que se dictaminó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico semanas atrás.
La Corte Suprema de Justicia determinó que la aprobación de la iniciativa requiere del mínimo de 38 votos de los diputados, ya que considera que sí afecta la organización del Poder Judicial y tendría roces constitucionales.
Eso generó dudas en algunas bancadas y diputaciones, por lo que la presidenta de la Comisión, Gloria Navas, se sentará con los jefes de fracción para explicar la interpretación y los alcances de la propuesta, así como de lo dicho por la Corte.
“Gloria Navas me ha solicitado la posibilidad de un espacio en esta reunión de jefes para conversar sobre el estado de las iniciativas en materia de seguridad y sobre todo del proyecto de prisión preventiva, que es uno de los temas más importantes, que se requieren con más urgencia”, dijo hoy Rodrigo Arias.
“Ha habido ciertas interpretaciones que quisiera aclarar y coincido que de todas las explicaciones, la más importante es lo de prisión preventiva, es una de las reformas de fondo que hay que hacer”, añadió el presidente.
Navas se sentará con los jefes de bancada el próximo jueves 18 de abril.
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Navas explicará la propuesta a las jefaturas.
Lo ve bien
La diputada de Nueva República señaló días atrás que las observaciones remitidas por la Sala Tercera de la Corte sobre el proyecto no la convencieron y cree que se debe seguir adelante.
“Las observaciones, dicho con todo respeto, no me convencen y por eso yo, como presidenta de la Comisión de Seguridad, y con la experiencia que tengo, considero que hay que cambiar el paradigma sobre como viene trabajando la ley penal y más en prisión preventiva”, dijo Navas.
“Me parece que el proyecto está bien como está, son cambios mínimos que hay que hacer. Vamos a socializarlo un poquito más para ver si lo pasamos lo más rápido posible, porque es una necesidad para el país”, añadió.
El objetivo es que el proyecto entre en el orden del día y se pueda votar antes del 30 de abril, fecha en la que finalizan las sesiones ordinarias. El 1 de mayo el Poder Ejecutivo toma el control de la agenda por los próximos tres meses.
