Tomás Gómez
Aunque el Gobierno de Costa Rica sigue siendo escueto en cuanto al hackeo que enfrentan diversas instituciones públicas por parte del grupo Conti, ya admitió la posibilidad de tener que buscar ayuda internacional.
Así lo señaló la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien ha fungido como vocera de Zapote para el tema.
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Vía video la jerarca sostuvo que “por un lado se está trabajando con los enlaces institucionales. Y por otro (se está) trabajando con organismos y países amigos que puedan brindar colaboración al país”. No se detalló, eso sí, a cuáles naciones se hace alusión.
El lunes, al trascender la afectación en Hacienda, Dinarte había optado por no hablar de hackeo y aseguró que se haría una revisión basada en elementos técnicos.
Ahora, indica que dan “seguimiento y buscan las mejores prácticas para dar resguardo a las instituciones y siempre garantizar la prestación de servicios”.
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Dinarte prometió que se pagarían pensiones y salarios públicos a tiempo. También que se intentaría normalizar el tráficos de importaciones y exportaciones, aunque no fijó un plazo para ello.
Desde Casa Presidencial, además, se constituyó una “sala de situación” que va monitoreando la emergencia.
En ella participan los Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Dirección de Seguridad e Inteligencia (DIS). También están los representantes de Seguridad Pública, Hacienda, Presidencia y Comunicación.
Tercer día del hackeo
Las alertas de un posible hackeo comenzaron el fin de semana y estallaron el lunes con problemas en el Ministerio de Hacienda.
Diversos perfiles especializados en redes sociales advirtieron el domingo que el grupo ruso Conti se adjudicaba el ataque. Ese mismo día el Micitt envió un señalamiento de “actividad sospechosa”.
Al iniciar la semana laboral la afectación se hizo más notoria sobre todo porque vencía el plazo de declaración de impuestos.
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Además de Hacienda resultaron atacados el propio Micitt y el Instituto Meteorológico Nacional.
Otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) debieron sacar su página del aire preventivamente.
A ello se sumó un hackeo en la cuenta de Twitter de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En teoría, el grupo Conti estaría pidiendo un rescate de $10 millones por la información. Su amenaza incluye revelar datos y afectar a más entes públicos.
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