Paula Ruiz
El Gobierno espera que la Sala Constitucional tome una decisión final sobre el proyecto de ley que busca revivir la pesca de arrastre en el país, cuando le corresponda a este órgano emitir un dictamen a través de una consulta.
Víctor Morales, ministro de la Presidencia, manifestó que desde el Poder Ejecutivo están en contra de técnicas de pesca ambientalmente irresponsables e insostenibles “como lo que se ha sostenido como técnica de arrastre”.
Las declaraciones del jerarca se dan luego de que este lunes, la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Legislativa dictaminara la iniciativa “Aprovechamiento sostenible de pesca de camarón”.
La misma es impulsada por Melvin Núñez, diputado del Partido Restauración Nacional que se tramita mediante el expediente 21.478.
“Ese expediente va a tener que ser consultado a la Sala y una de las mociones es que deben de haber de previo al otorgamiento de licencias, estudios técnicos; entonces vamos a esperar a ver cómo evoluciona ese expediente”, detalló Morales.
Desde el Ejecutivo recordaron que, recientemente, la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que este proyecto de ley podría tener roces de inconstitucionalidad y a la vez, requerir estudios más profundos. ,
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Morales se refiere a la respuesta otorgada por la PGR al diputado oficialista Mario Castillo mediante el criterio criterio OJ-123-2019.
Arrastre de años
La pesca de arrastre fue prohibida por la Sala Constitucional desde el año 2013.
Posterior a ello, un proyecto de ley del Ejecutivo a cargo de Luis Guillermo Solís intentó volver a permitir esta técnica. No obstante, chocó contra pared en el órgano constitucional mediante la sentencia 7978-2018.
En ese momento, la Sala indicó que el estudio para respaldar el proyecto “omite estudiar aspectos vitales como la biomasa (…) el impacto ambiental de la pesca de arrastre (…) y los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible democrático”, explicaron.
Posterior a ello, en agosto del 2018, el ente ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) la realización de estudios en un período de seis meses para volver a otorgar licencias.
A raíz de eso, se presentó la iniciativa que avanzó ayer en el Congreso. Sin embargo, la Procuraduría considera que el proyecto de Núñez correría la misma suerte que el liderado en el Gobierno anterior por la misma tesis.
“Como consecuencia, podría declararse que una ley aprobada con base en ese estudio, violenta el principio de objetivación de la tutela ambiental”, reza el criterio.
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