Tomás Gómez
El Poder Ejecutivo pretende que los diputados corrijan la ley que legaliza el uso médico del cannabis y el industrial del cáñamo.
Según la ministra de la presidencia, Giannina Dinarte, tienen dudas por temas de salud y seguridad. Además, cuestionaron posibles roces con tratados de Naciones Unidas.
Dinarte dijo que no se trata de un veto, pero no aclaró si firmará o no. En todo caso, el plazo para vetar vence el lunes 31 de enero.
Todos los detalles se confirmaron la tarde de este lunes en una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
En ella participaron los ministros de la Presidencia -Giannina Dinarte-, Salud -Daniel Salas-, Seguridad -Michael Soto- y Agricultura -Renato Alvarado-. También estuvo el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Sergio Rodríguez.
Tras su aprobación legislativa el proyecto esperaba por la decisión de Zapote. El plazo de vence el lunes 31 de enero.
Señalamientos en particular
Según el ministro Salas no hay estimación de cuántos pacientes se verán afectados, pero según él hay excesos en los permisos que daría la ley.
“Un medicamento cómo tal es un producto delicado”, afirmó. En esa línea criticó posibles problemas para controlar el auto cultivo y los efecto de en los pacientes. Según él nunca se le convocó para exponer sus críticas en el Congreso.
El ministro Soto, de Seguridad habló sobré controles. Según dijo, no es fácil diferenciar entre matas de cáñamo y de marihuana.
Criticó además que posiblemente los usuarios fumarían las plantas.
Finalmente, el Ministro de Agricultura prometió que la industria se beneficiaría una vez que se corrija la ley.
Discurso cambiante sobre cannabis en el Gobierno
Diferentes posiciones del Gobierno del presidente Carlos Alvarado habían provocado dudas sobre el futuro de esta legislación.
Inicialmente, el Mandatario lo incluyó como uno de los pocos planes concretos de reactivación económica ante la pandemia en su informe anual del 2020.
La idea chocó con integrantes de su propio gabinete, como los ministros de Agricultura y Seguridad, quienes rechazaron la aprobación del plan.
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Cuando el proyecto avanzó más en la Asamblea Legislativa, el presidente Alvarado dijo que respetaría la voluntad de los diputados.
Incluso, en diciembre cuando la Sala IV avaló la iniciativa, el Ejecutivo emitió un comunicado donde afirmaba que “ni la Presidencia, ni el Ministerio de la Presidencia han hecho ningún planteamiento sobre un veto parcial a la iniciativa”.
La semana anterior, por su parte, los ministerios de Presidencia y Relaciones Exteriores enviaron a la Asamblea supuestos cuestionamientos hechos por la ONU sobre el proyecto.
El proyecto en cuestión
El proyecto 21.388 “Ley de Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial” se aprobó el 13 de enero tras pasar los controles de la Sala Constitucional.
La iniciativa promovía la producción, industrialización y comercialización del cannabis y sus derivados y del cannabis psicoactivo para el uso medicinal y terapéutico, así como del cáñamo para para uso industrial y alimentario.
El proyecto fija un impuesto sobre las utilidades con una sobretasa de 1% sobre la renta neta.
Entre otras metas se esperaba darle una opción más de tratamiento a personas con
cáncer, lupus y alzheimer.
