Tomás Gómez
La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, solicitó a la Sala Constitucional certificar la información que ha trascendido sobre la resolución que reinstalaría a varios directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La sentencia completa aún está en preparación y lo que ha trascendido fue un comunicado con la parte resolutiva.
No obstante, desde Zapote aseguran que no han tenido ningún tipo de comunicación oficial, por lo que pidieron al menos una certificación de esas decisiones.
La petición se hizo el viernes, mediante un oficio enviado desde el Ministerio de la Presidencia, y comunicado este lunes.
“Aún no tenemos notificación oficial de la Sala Constitucional y de ahí nuestra solicitud”, expuso la ministra Díaz.
Según la jerarca, con esos documentos podría convocarse a un Consejo de Gobierno especial donde se hagan las enmiendas.
“Una vez que contemos con la certificación procederemos como en derecho corresponde para dar pleno cumplimiento a los votos”, sumó.
Para este lunes por la tarde, de hecho, está convocado un Consejo pero no ha trascendido la agenda y si está relacionado con la situación de la CCSS. La cita es las 5:30 pm.
El Observador consultó a la oficina de prensa de la Sala sobre esta petición de Casa Presidencia, pero al cierre de edición la respuesta estaba en trámite.
OBSERVE MÁS: Sala IV vota en contra de la medida del Gobierno que suspendió a 5 directivos de la CCSS
El caso de la CCSS
A finales del 2022 el Gobierno anunció una investigación por la aprobación de un aumento salarial en la CCSS. Como parte del proceso, se dictó una medida cautelar de separación contra:
- Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos
- Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno
- Martha Rodríguez González, del sector sindical
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas
- Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo
Salvo Hernández, quien renunció, las otras personas elevaron su caso a la vía judicial. Fue ahí donde la Sala Constitucional determinó la invalidez de la suspensión.
“Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula la medida cautelar ante causam acordada por el Consejo de Gobierno en el artículo cuatro de la sesión ordinaria nro. 33 celebrada el 7 de diciembre de 2022”, indicó la Sala.
Además, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
A partir de ahí se abrió el debate sobre cómo y, sobre todo, cuándo ejecutar la sentencia. Algunos abogados consideran que es de manera inmediata y otros recomiendan esperar hasta que el fallo este completo.
Esa redacción puede tardar algunas semanas, al no ser una resolución por unanimidad.
OBSERVE MÁS: Sindicatos siguen a la espera de restitución de directivos
