Tomás Gómez
Los partidos Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque de Nueva República (afín a Fabricio Alvarado) estarían condicionando la aprobación de nuevos préstamos internacionales, tras las cesiones hechas por el Poder Ejecutivo a los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que levantaran su huelga.
Ante la crisis fiscal y carencia de recursos, el Gobierno apuesta por un financiamiento por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
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Partidos inconformes
Según el PLN, el acuerdo firmado entre los manifestantes y el Poder Ejecutivo es ilegal y complaciente.
Los verdiblancos también pedirán a la Fiscalía, que investigue si se cometieron delitos durante la huelga.
“En ese contexto, Liberación Nacional no aprobará los empréstitos que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa, salvo que se establezcan condiciones y controles claros sobre el uso y manejo de mismos y el respeto a las leyes aprobadas”, comunicó el Directorio Político de la agrupación.
En la misma línea se manifestó Jonathan Prendas, de Nueva República. “La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tenía muy clara la parte de la regla fiscal y simplemente ahora con una firma para llegar a un acuerdo con los gremios queda sabido que el Gobierno estaba de acuerdo en que no se aplique para la Caja”, cuestionó.
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“Con los nuevos criterios de aplicación legal que puede tener el Gobierno del PAC, sobre lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, es imposible tener seguridad y confianza en lo que se va a aprobar aquí se va a respetar afuera”, agregó.
El cojefe de fracción socialcristiano, Pedro Muñoz, advirtió que no hay confianza para la autorización de nuevas deudas. Citó como ejemplo los recortes que se hicieron en los eurobonos, en los que se habilitaron únicamente ¢1.500 de los ¢5.000 millones a los que aspiraba el Ministerio de Hacienda.
¿Qué pactó el Gobierno?
En una semana de huelga se cancelaron más de 120 mil citas, procedimientos y cirugías. El lunes por la noche, el Gobierno, la CCSS y los sindicatos llegaron a un acuerdo para finalizar el movimiento.
Las partes firmaron 15 acuerdos entre los que destacaban:
- No aplicar la regla fiscal en la CCSS
- Mantener el pago bisemanal a los empleados
- Evitar las sanciones contra los manifestantes
También hubo acuerdo en pedir al Poder Judicial, que se declaren inaplicables en la Caja las nuevas regulaciones de los beneficios salariales introducidas por la Reforma Fiscal.
El sector privado ya mostró su disconformidad con el pacto del Ejecutivo y los sindicatos. Además la propia ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló que no estaba de acuerdo.
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