Paula Ruiz
La diputada Paola Vega defendió este martes sus propuestas para excluir a las universidades públicas del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público.
Para ello, hizo énfasis en la “guerra” que han dado legisladores contra las casas de enseñanza superior públicas y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Incluso, señaló como responsables a diputados graduados de centros privados como los artífices de la lucha contra entidades públicas.
“Esta guerra la dan diputados que vienen de universidades privadas. He visto a varios diputados principalmente de Liberación (Nacional) que dan esta lucha contra la universidad pública y creo que el no haber estado ahí les impide ver todo lo que hace”, dijo Vega.
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La discusión se desarrolló durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración. En ese foro inició la votación y discusión del segundo paquete de mociones contra esa iniciativa de ley.
Para la diputada oficialista, las universidades públicas forman profesionales de manera integral por lo tanto, “va más allá de formar profesionales para que salgan al mercado”.
Adicionalmente, la oficialista defendió que solo el 0,7% de empleados de universidades públicas tienen salarios superiores a los ¢4 millones.
“No es ni el grueso del funcionariado ni es la constante, hay que ver lo mal pagados que son los profesores interinos”, agregó.
Durante la investigación política sobre el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), los diputados concluyeron que los altos salarios en universidades públicas pueden conllevar a su cierre.
En el informe final, revisaron los salarios reportados entre agosto 2018 y julio de 2019 en las cinco universidades públicas con las siguientes remuneraciones:
- más de ¢9 millones: 1 persona
- ¢8 a ¢9 millones: 4 funcionarios
- ¢7 a ¢8 millones: 15 empleados
- ¢6 a ¢7 millones: 32 casos
- ¢5 a ¢6 millones: 111 trabajadores universitarios
- ¢2 a ¢5 millones: 3.354 funcionarios
- de los 100 salarios más altos, 90 están en la Universidad de Costa Rica (UCR), cinco en la UNA, cuatro en la Universidad Técnica Nacional (UTN) y una en el Instituto Tecnológico (TEC)
No es un archipiélago
Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción liberacionista es uno de los miembros de la Comisión donde se discuten las mociones de Empleo Público.
Tras los señalamientos de Vega, el verdiblanco defendió la posición de la bancada por la inclusión de las universidades públicas en este proyecto de ley.
“Lo que entendemos es un Estado unitario y no un archipiélago repleto de instituciones creadas por el constituyente para cumplir un fin. Y jamás fue el espíritu del constituyente que las instituciones se conviertan en un fin en sí mismo”, defendió.
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“(Los privilegios) son culpa de corrupción de hombres y mujeres que dejaron de ver la responsabilidad de trabajar orgullosamente para un Estado costarricense, para impulsar el país con diferentes aristas, estructurado en un marco institucional, de lujo, que con el tiempo, fueron perdiendo el norte y se fueron desviando de la dirección correcta”, agregó Chacón.
“Las universidaes son un privilegio que tenemos los costarricenses pero jamás en un privilegio par aunos pocos costarricense”, continuó en su defensa.
Chacón negó por completo que la propuesta de ley invada la autonomía universitaria.
A la defensa se sumó el congresista David Gourzong, ingeniero civil graduado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Mientras que Chacón, también tiene esa misma profesión otorgada por la Universidad Autónoma de Guadalajara, título que fue reconocido por la UCR en 1988.
Hasta el momento, las mociones para excluir diferentes sectores han sido rechazadas por este foro legislativo, entre ellas, las universidades públicas y Poder Judicial.
