Sergio Arce
El carro personal del presidente Rodrigo Chaves pertenece a una categoría fiscal a la cual se le hizo un reajuste a la baja de su valor fiscal. Esto debido a los reclamos que se presentaron desde el 1 de noviembre anterior cuando salió al cobro el derecho de circulación.
Según el Ministerio de Hacienda, en Costa Rica hay 11.125 placas asociadas al modelo Toyota Land Cruiser Prado y que está agrupados en 31 tipos de acuerdo a sus características.
“El del presidente Chaves, junto con otras 1.226 placas, pertenecen a la clase tributaria N. 2567862, en la que más de 400 propietarios presentaron reclamos sobre su valor fiscal. Tras corroborar los datos, se procedió a un reajuste a la baja”, indicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a través de un comunicado de prensa emitido en la noche de este sábado.
“Queda demostrado que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, pagará por su marchamo exactamente lo mismo que todos los propietarios de los vehículos con idénticas características” dijo el jerarca según indica el comunicado.
El pasado 1 de noviembre el ministro Acosta, dijo en conferencia de prensa que a los vehículo Toyota Prado del país se les hizo una readecuación de su valor fiscal hacia la alza. Alegó que en años anteriores estaba “por debajo” de lo que debía.
Pero esto no sucedió en el caso del vehículo particular del mandatario según lo constató un equipo de El Observador.
En el año 2020, el valor fiscal del carro del Presidente Chaves era de ¢30.990.000. Para el derecho de circulación 2023 bajó a ¢21.910.000. Es decir, el valor del carro del mandatario se ha reducido en ¢9.080.000.
Esto se traduce en un marchamo más barato, pues el valor fiscal es la base para definir el impuesto a la propiedad de vehículos.
La reducción en el valor fiscal del “Prado” de Chaves contrasta con la sorpresa que recibieron los dueños de otros vehículos similares, e incluso más viejos.
Por ejemplo, uno modelo 2016 aumentó su valor fiscal de ¢14.780.000 el año pasado a ¢29.890.000. Es decir, Hacienda le aumentó el valor fiscal en ¢15 millones en un año.
Otro, modelo 2014, se valoraba en ¢12.870.000 y para el cobro de este marchamo aumentó a ¢26.030.000. El valor subió más de ¢13 millones.
El caso más llamativo es el de un modelo 2020, similar al de Chaves, que para este año se le asignó un valor de ¢34.520.000.
Al ser consultado al respecto el ministro Nogui Acosta el viernes anterior respondió que desconocía esta situación pero que el lunes investigaría porque el comportamiento del valor fiscal del carro de Chaves es diferente.
Ministro de Hacienda, Nogui Acosta (Foto Archivo/El Observador)
Que hagan los reclamos
Se estima que 66 de cada 100 carros registrados en Costa Rica tienen hoy un valor fiscal más alto al registrado el año anterior.
A su vez, esto se traduce en un marchamo más caro.
Nogui Acosta “insto a los dueños que consideren que el valor de su carro es inferior al cálculo de Hacienda para que hagan el reclamo. Si la prueba es contundente TODOS los modelos iguales serán rebajados automáticamente por la administración”, dijo el Ministro Acosta Jaén.
Ala fecha, ya se autorizaron reducciones en el pago del marchamo a otros 61,806 vehículos.
“Cuando más de 10 reclamos coinciden, la Dirección Nacional de Tributación realiza -de oficio- una actualización del valor de todos los vehículos con idénticas características”, explicó el Ministro Acosta.
El Jerarca destacó que el sistema del cálculo actual del impuesto a la propiedad de vehículos es sumamente complejo y no se ha modificado en más de 30 años. Los 2.700.000 vehículos registrados están agrupados en más de 50.000 “clases tributarias” que reúnen a los que tienen idénticas características.
Así, quien consulte el valor de su vehículo ahora en el Registro, encontrará el cálculo del 2022 y no el del 2023. Sin embargo, el INS sí incluye en su base de datos los valores actualizados porque así lo establece un decreto ejecutivo.
El Ministro Acosta explicó que los valores fiscales de los vehículos se realizan por dos mecanismos:
- A través de un estudio que se realiza cada cinco años. El último se realizó en el 2015. Por la pandemia, la anterior administración no la hizo en 2020, 2021, 2022.
- Por actuación individualizada cuando los propietarios presentan reclamos ante la Dirección General de Tributación y demuestran que el valor de mercado es inferior.
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