Tomás Gómez
Cuatro moteles que en conjunto debían ¢76 millones por concepto del impuestos solidarios fueron los primeros en ser clausurados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La denominada “Ley par Fortalecer el Combate a la Pobreza” fija una cuota mensual por cada habitación que tengan los locales de este tipo.
Entre más grandes sean los moteles y más servicios ofrezcan, mayor es el porcentaje que se va cobrando. El rango está entre el 5% y el 13% de un salario mínimo, es decir, de ¢23.000 a ¢60.000 por cuarto.
Pese a que la ley ya estaba vigente y se había actualizado en 2020, el IMAS registraba una significativa morosidad, que desencadenó las primeras clausuras.
La institución tiene mapeados 476 moteles morosos, cuya factura asciende a ¢3.056 millones. Del total, poco más de ¢1.186 millones ya están en cobro judicial.
Javier Vives, subgerente del IMAS explicó que las acciones de cierre se emprenden cuando los atrasos en la obligación supera los 3 meses.
“Reconocemos que el cierre nunca será una situación deseable para la administración ni para los contribuyentes. No obstante, en caso de que un establecimiento no se encuentre inscrito, o se atrase por más de tres meses en el pago del tributo, la ley brinda el sustento jurídico para que el IMAS cierre el establecimiento, el cual se mantendrá así hasta que la situación se regularice, por lo que se invita a los contribuyentes morosos a acercarse al IMAS para suscribir un arreglo de pago”, comentó.
“De forma previa a estos actos de cierre, la Administración siguió el debido proceso e intimación; mediante el cual se comunicó a los establecimientos sobre el incumplimiento y se concedió el plazo normado para regularizar la situación antes de proceder con el cierre”, agregó.
Los recursos de este impuesto financian programas como Avancemos, Cuidado y Desarrollo Infantil.
