Hermes Solano
La Comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público aprobó llamar a audiencia a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).
El objetivo es que den explicaciones sobre el secretismo alrededor de la aprobación del aumento retroactivo para los 2.000 funcionarios de la entidad.
La moción fue presentada por el diputado del PLN, Danny Vargas, y apoyada por los miembros de la comisión.
Los directivos del INS, además, deberán responder sobre la contratación de UNOPS y expertos en informática de la empresa GBM, para la revisión de las computadoras de la institución.
Esto para, al parecer, descubrir si alguno de los funcionarios filtró el acta de la sesión en la que se discutió y aprobó el aumento salarial.
A mediados de enero, la comisión aprobó también la moción para que la presidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, comparezca sobre el mismo tema.
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Los hechos
El 23 de agosto de 2022, la Junta Directiva del INS aprobó el aumento de manera retroactiva a partir de enero.
El INS se escudó en que no le aplica la regla fiscal para poder aumentar su presupuesto.
“El INS es una empresa rentable y en competencia, dicha competencia también abarca la competitividad salarial respecto a la industria, además se encuentra excluido de la regla fiscal establecida en la Ley 9635”, indicó la institución.
El aumento aprobado fue de 1,7% e implica costos anuales por ¢622 millones, informó Alejandro Alpirez, jefe de la subdirección de cultura y talento del INS en aquel momento.
Ese incrementó se aplicará a 1.592 personas al salario, más componente, y a otros 878 por salario integral.
De acuerdo con la entidad, se excluyen del aumento los siguientes puestos:
- Presidente Ejecutivo
- Gerente General
- Subgerentes Generales
- Auditor y Subauditor
- Personal de salud regulado por sus propias leyes
“(El 1,7%) coincide con el crecimiento salarial del mercado experimentado durante el primer semestre de este año”, detalló Alpirez.
Presidenta del INS, Mónica Araya (Josué Alvarado | El Observador).
Confidencial
El aumento se dio en medio de la polémica por el incremento que se dio también en la Caja Costarricense de Seguro Social y que le costó el puesto a Álvaro Ramos como presidente ejecutivo.
El Observador solicitó el acta de la sesión de junta directiva donde se aprobó el aumento, sin embargo, la entidad lo clasificó como confidencial, en el marco del secreto comercial y con base en el artículo 12 de la ley del INS.
“Es confidencial la información relacionada con cualquiera de las actividades del INS, calificada por este como secreto industrial, comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente su divulgación a terceros”, indicó la aseguradora estatal.
“La confidencialidad de la información será declarada por la Junta Directiva como órgano máximo de decisión y deberá contener el fundamento técnico y legal”, añadió.
