Desde la Columna
Lic. Roberto Antonio Quirós / Director CCSS en representación del Sector Empresarial
Desde hace varios meses, se debate en la Asamblea Legislativa sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El punto de partida de dicha discusión fue una expresión coloquial del Presidente de la República, en el sentido de que la institución está quebrada.
Esta discusión surge después de que las autoridades financieras de la Institución recomendaron a la Junta Directiva conceder aumentos retroactivos a los aproximadamente 60.000 funcionarios que laboraban en la institución en ese momento. Se les reconocieron los aumentos salariales no concedidos y no devengados durante los años 2020 y 2022. Hasta el día de hoy, debido a la falta de registros financieros adecuados, no se ha podido determinar con exactitud cuánto le costaron estos aumentos a los contribuyentes, tanto trabajadores como patronos.
Esta decisión, inconsulta y con enormes impactos financieros nacionales e institucionales, obligó al Consejo de Gobierno a abrir un procedimiento administrativo contra los miembros de la junta directiva que tomaron esa decisión.
Lamentablemente, el debate en el ámbito político ha servido para cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo, polarizando la discusión entre aquellos que afirman que la Institución no está quebrada, utilizando como argumento a los actores de la misma y sus datos financieros. Pero en ningún momento se ha brindado un espacio amplio y suficiente para permitir el debate entre los habitantes del país, a fin de comprender la realidad y sus implicaciones.
Una crisis advertida
La crisis financiera no comenzó el año pasado, sino que se inició hace doce años con un aceleramiento profundo, debido a razones advertidas desde 1986 por el Dr. Guido Miranda. En aquella época, él señaló que se estaba iniciando un proceso de envejecimiento de la población, lo cual hacía imposible sostener los regímenes de pensiones, algunos de los cuales eran privilegiados, como el de Hacienda, y con edades de pensión juveniles. Todo esto ocurría en un sistema de salud exitoso que había permitido a los costarricenses alcanzar expectativas de vida similares a las de los ciudadanos del primer mundo.
Estas predicciones, respaldadas por estudios matemáticos actuariales, fueron ignoradas utilizando algunas reformas legislativas superficiales para paliar la crisis que se avecinaba. Además, se tomaron decisiones políticas complacientes con aquellos que defendían sus intereses individuales, argumentando en contra del bienestar de la colectividad nacional.
De esta manera, se llegó a la crisis económica a finales de la primera década de este siglo, durante la Administración Arias Sánchez. En ese momento, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó una política de empleos y salarios que le costó a la institución más de 200.000 millones de colones. Hoy sabemos que dicha decisión se tomó con informes actuariales y financieros manipulados. A partir de entonces, se inició un proceso acelerado de deterioro económico, oculto para los costarricenses.
Es en este punto donde se deben discutir las situaciones internas institucionales que, aunque advertidas por las Auditorías Internas y Externas y la Contraloría General de la República, no han sido debatidas públicamente, generando distorsiones en la opinión pública al no contar con datos precisos sobre lo ocurrido en la administración institucional.
Curiosamente, desde 2010, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser conciliadas, una situación que se ha repetido año tras año y ha sido advertida tanto por las Auditorías Internas y Externas como por la Contraloría General de la República. ¿Cuánto perjuicio causan estas partidas a la realidad financiera de la Institución? Nadie lo sabe, pero todos se han amparado en una frase engañosa: “Los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la Institución”. Cada uno utiliza esa frase y la adapta según sus intereses. En cualquier empresa privada, eso no sería permitido y seguramente habría muchas intervenciones por parte de la Administración Tributaria para determinar si hay evasión o elusión fiscal.
Esta situación empeora cuando, en 2014, la Contraloría General de la República advierte a la institución sobre las consecuencias de no contar con un sistema administrativo, financiero y logístico que proporcione información precisa sobre la situación financiera institucional.
Desde 2016, todas las administraciones han comenzado a implementar un sistema denominado Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera, administrativa y logística de la CCSS, basado en soluciones tecnológicas conocidas como ERP. Hasta principios de 2023, este sistema ha costado entre 19 y 22 millones de dólares, pero no se sabe con certeza cuánto se ha desembolsado. Lo que sí se sabe es que, aunque se ha gastado una cifra que representa más del 60% del costo inicial proyectado, solo se ha avanzado en menos del 20%.
Además, la Contraloría General de la República advirtió que las normas contables utilizadas por la institución están desfasadas y superadas, y que para 2024 deben adoptarse otras normas contables (denominadas las NICSP). Esta administración no ha podido determinar si la institución podrá aplicar estas normas para esa fecha, y tal vez se requieran dos años más para alcanzar ese objetivo.
Curiosamente, desde aproximadamente 2012, se dejaron de utilizar los estudios actuariales como base para la toma de decisiones institucionales. A pesar de la disposición de la Ley Constitutiva que lo exige, las juntas directivas de la Institución comenzaron a utilizar las proyecciones financieras elaboradas por la gerencia financiera, otorgándole atribuciones que no le corresponden. Además, las juntas directivas permitieron que no se realizara una fiscalización adecuada, con todos los riesgos que esto conlleva. Esta extralimitación funcional de la gerencia financiera ha sido corregida recientemente por la junta directiva actual.
Números ficticios
Estas acciones permitieron, más recientemente, que para disimular la crisis financiera, la gerencia financiera determinara las cuotas que debían pagar los trabajadores independientes y el Estado, a pesar de que la Ley Constitutiva exige que esa decisión se base en cálculos actuariales. Esto permitió, sin ninguna defensa por parte de la Sala Constitucional, la utilización de convenios entre el Ministerio de Hacienda en las administraciones Solís y Alvarado, para explotar a los trabajadores independientes y cobrarles las cotizaciones utilizando declaraciones de impuestos sobre la renta entre 2005 y 2015. También se les declaró morosos y se les cobraron facturas por servicios de salud, sin contar con una contabilidad de costos real y con montos superiores, a veces, a los que cobran los centros hospitalarios privados.
Con base en estos números ficticios, se realizaron proyecciones para la construcción de Ebais y hospitales, manipulando los sentimientos legítimos de los habitantes de contar con un centro de salud cercano y sin tener que hacer filas, o con hospitales sobredimensionados como el de Puntarenas, que será tan grande como uno nacional. El Hospital de Puntarenas tendrá un tamaño cercano a los 74.759 metros cuadrados. Para dimensionar esto, el Hospital Calderón Guardia mide 60.392 metros cuadrados y tiene dos pisos desocupados, a los cuales la institución está tratando de financiar para contratar los 1.000 funcionarios adicionales solicitados por su director y ponerlos en funcionamiento.
El Hospital Calderón Guardia cuenta actualmente con 3.951 empleados, más los 1.000 adicionales requeridos. El Hospital de Puntarenas tiene actualmente 1.087 empleados, por lo que es evidente que se necesitarán muchas más plazas para completar el número de funcionarios necesarios para atender el nuevo hospital. Esto significa que el costo de operación pasará de 12.000 millones de colones a 52.000 millones de colones.
Es importante mencionar que los proyectos de construcción sobredimensionados tienen un déficit en el presupuesto de construcción de 1.000 millones de colones, y hasta el día de hoy no se puede precisar el impacto del costo de operación de esas construcciones en el presupuesto institucional.
La solución que se propone es que el Estado asuma la deuda. Sin embargo, esta afirmación encierra todo un proceso complicado para el país. En primer lugar, el Gobierno de la República tiene razón al señalar que los números fueron inflados por la Institución para generar un superávit ficticio. En segundo lugar, si la decisión se llevara a cabo, a pesar de cualquier distribución de la deuda junto con el nuevo pago mensual, el Estado tendría que recurrir a más impuestos o aumentar su endeudamiento a un punto crítico en relación con el PIB, lo que impediría aumentar los salarios de los empleados públicos durante muchos años y requeriría aumentar los impuestos. Además, cuando se conozca la suma de la deuda, los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras de riesgo nos darán una calificación que repercutirá en las tasas de interés, y todos los costarricenses, tanto trabajadores como empresas, tendrán que pagar por ello.
Por lo tanto, es necesario dejar de politizar una situación tan grave como las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es fundamental para garantizar la prestación de servicios de salud, y comenzar a discutir acciones serias para evitar el colapso institucional, en función de nuestra democracia y la protección del derecho humano a la salud de todos los habitantes de Costa Rica, con la colaboración de todos los Poderes del Estado que gobiernan.
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