Paula Ruiz
La candidata Lineth Saborío está dispuesta a presentar una demanda contra una persona de apellidos Hernández Roldán quien presentó una denuncia penal en su contra.
Esto, debido a una denuncia presentada ante la Fiscalía de Anticorrupción de la cual no ha sido notificada. Este medio solicitó información al respecto al Ministerio Público pero aún no hay respuesta.
De acuerdo con el denunciante, la aspirante habría incurrido en enriquecimiento ilícito por haber recibido salario como asesora legislativa mientras era precandidata con el PUSC.
En el partido, defienden que la aspirante devolvió dichos dineros provenientes de fondos públicos.
Randall Quirós, jefe de campaña de Saborío, indicó que cada denunciante debe “atenerse a las consecuencias si no está bien fundamentado”.
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“Argumentan un delito que es enriquecimiento ilícito, presentan pruebas en las cuales manifiestan y certifican que había recibido un dinero que por un error se había depositado a su cuenta a pesar de que había solicitado permiso sin goce. Una vez recibido y percatado, ella los devolvió, esa es la parte que este denunciante no pone”, justificó Quirós.
De esta manera, la socialcristiana busca sentar un precedente para que este tipo de denuncias no se politicen, principalmente en época electoral.
“La denuncia por calumnia, ella está decidida a sentar un precedente y cerrar los portillos para que le ciudadano sea responsable a la hora de presentar denuncia penal”, señaló Quirós.
De acuerdo con el vocero, el denunciante es afín al Partido Liberación Nacional según consta “en su perfil de Facebook”.
Otra denuncia en TSE
Por otra parte, una ciudadana de apellidos Ruiz Aguilar presentó otra denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por supuesta beligerancia política.
Esta denuncia también es por supuestamente haber recibido el salario pese a haber iniciado su carrera por la silla presidencial.
“Se cuestiona que siendo asesora, presentó su nombre al partido como precandidata y luego como candidata”, indicó Andrei Cambronero, letrado del TSE.
Cambronero especificó que un grupo de magistrados mantiene en estudio de admisibilidad esta denuncia.
Amplió que en caso de ser admitido, puede continuar con su trámite pero, no resolverse finalmente porque desde 2019 hay una acción de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional sobre un reglamento que frena una eventual resolución.
“Pueden darle trámite, eventualmente apertura del procedimiento formalmente dicho porque puede haber investigación preliminar para un mejor juicio (para determinar) si la denuncia procede a archivo o, si corresponde instaurar el proceso formal y se puede llevar a cabo. Pero, quedaría pendiente porque está suspendida la competencia de la sección”, explicó.
Sobre esta denuncia, Quirós consideró que es distinta a la denuncia penal porque en este caso sería administrativa y por ende una posible sanción a ese nivel.
Según el letrado, la beligerancia política se sanciona con la destitución inmediata del cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos por lo menos dos años.
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