Josué Alvarado
Lo que hace 15 días se conoció como una denuncia penal en contra de la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, ahora la Fiscalía lo maneja como una investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencias sobre la Hacienda Pública.
En este nuevo episodio sobre el manejo de datos sensibles de los costarricenses surgen más dudas sobre quién tiene acceso a esta información, para qué y a quiénes puede compartirla.
1. Rocío Aguilar informa que fue denunciada
La superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar (Josué Alvarado/El Observador).
La primera noticia trascendió el jueves 17 de agosto, hace 15 días. La superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, informó que la gerente general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Hazel Valverde, la denunció ante el Ministerio Público y señaló que había sido por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
La razón era que la superintendente se negó a entregar información que el banco está pidiendo sobre los costarricenses: datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de las personas.
La superintendencia consideró que la información solicitada por el banco corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, las cuales no deben estar en manos de las entidades financieras.
Por otro lado, la Sugef consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre cómo actuar en este caso, pero el banco presentó la denuncia antes de conocerse el pronunciamiento, que dimensionaba las condiciones, protocolos y límites bajo los cuales se podría hacer transferencia de datos, si es que se contara con los requisitos establecidos por ley.
2. Banco Central sostiene que tiene derecho a esta información
El presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal y la gerente general, Hazel Valverde (Josué Alvarado/El Observador).
En varias ocasiones el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha sostenido que puede obtener estos datos y que los necesita para generar estadísticas que le permitan conocer, entre otras cosas, el riesgo financiero asociado al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
La entidad alega que los registros se utilizarían para clasificar la información crediticia por variables como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas.
Sobre la identificación de operaciones de compra y venta de dólares, el banco defiende que también trata crear estadísticas que le permitan identificar el origen de algunas volatilidades que se presentan en el mercado cambiario.
Es por ello que plantearon la denuncia contra Rocío Aguilar y el presidente del BCCR, Roger Madrigal, figura como testigo en la causa, que se tramita bajo el expediente 23-000107-1218-PE.
3. Denuncias por la exigencia de datos
Luego de conocerse la intensión del Banco Central de conseguir más datos y de que el economista jefe de la entidad, Alonso Alfaro, reconociera que ya trabajan con información de bases de datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda las alarmas se encendieron en algunos sectores.
Esto ha provocado que se abran una serie de procesos administrativos y judiciales cuyo objetivo es detener al banco.
Estos procesos son:
- Recurso de amparo interpuesto por un ciudadano ante la Sala Constitucional que ya se encuentra en estudio. Considera que la entrega de información crediticia a funcionarios públicos no autorizados puede acarrear peligrosas consecuencias de seguridad personal y violar la privacidad con relación a asuntos personales. Expediente 23-20309.
- Acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ante la Sala Constitucional a la cual ya se le dio curso. La agrupación bancaria considera que se violenta el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los costarricenses. Expediente 23-020910-0007-CO. También un recurso de amparo.
- Denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) interpuesta por la Asociación para la Defensa de los Intereses de y Derechos de los Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu). Expediente 180-08-2023-DEN.
En este último caso, la Prodhab ya emitió una medida cautelar contra el BCCR para que suspenda cualquier tipo de solicitud de información que incluya datos personales de los ciudadanos, esto mientras se resuelve el caso.
4. Sectores empresarial y político divergen de criterio del BCCR
Como la “nueva UPAD”, en referencia a la cuestionada unidad de datos que puso en funcionamiento la administración Alvarado Quesada. Así se han referido muchos de los sectores sobre este nuevo episodio protagonizado por el Banco Central.
Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Liberal Progresista (PLP) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se han manifestado en contra de la intención del banco.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también reclamó por una violación a la intimidad de la información y puso en duda el objetivo y uso real que pretende darle el BCCR a los datos.
“El nivel de detalle requerido por el BCCR expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma, es decir, los usuarios del sistema financiero”, informó la Uccaep a través de un comunicado.
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5. Nuevas dimensiones
Pero el caso no quedó entre el Banco Central y la superintendente. Este viernes 1 de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirigió un allanamiento en la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), oficina que se ubica a lo interno del edificio central del Banco Central.
Cuando informó sobre esta acción también añadió que los delitos eran más. Inicialmente Aguilar informó sobre presunta desobediencia a la autoridad. Pero la fiscalía dijo que se trataba de un caso por supuesto incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
“En esta y en cualquier causa penal, es normal que conforme avanza una investigación se puedan recalificar los hechos, lo que implica agregar o eliminar delitos”, explicó la Fiscalía a El Observador.
Por otro lado, la Fiscalía también informó que como parte de la misma causa ahora se investiga si existen miembros del Conassif a quienes se les pueda atribuir responsabilidad por el mismo caso.
Ante las consultas de este medio, la Fiscalía dijo que Aguilar sigue siendo la única imputada.
“Las diligencias realizadas pretenden, entre otras cosas, investigar si existen miembros del Conassif a quienes se les pueda atribuir responsabilidad penal; no obstante, esto se establecerá conforme se analice la prueba recopilada”, respondió la Fiscalía.
6. Recopilar información sensible
Este viernes se agregó otro elemento a la discusión y es que Rocío Aguilar dijo que no podía trasladar la información al Central porque se trataba de información sensible, pero según la Fiscalía Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles.
Esta posición es cuestionada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Cuando la directora ejecutiva de la ABC, María Isabel Cortes, interpuso la acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central explica la razón que justifica que Sugef tenga esta información.
“La información crediticia suministrada por las entidades bancarias a la Sugef tiene un elemento esencial que resulta básico para que a una persona se le otorgue un crédito, que radica en la comprobación de su situación socioeconómica o de su perfil socioeconómico, extremo que constituye un dato sensible que no puede ser transferido de las bases de datos de la Sugef al Banco Central, sin violentar los derechos a la autodeterminación informativa y a la confidencialidad”, dice parte de la exposición de la ABC ante los magistrados, que ahora están estudiando la acción.
En días pasados, el presidente del Conassif, Alberto Dent, dijo a este medio que la denuncia contra Aguilar no tenía ni pies ni cabeza.
“No era necesario presentar una denuncia penal, que puede tomarse en consideración como si fuera un tema de asustar a la gente para que le dé la información. Eso en este país no se hace”, comentó.
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