Juan Pablo Arias
El interés del Banco Central por obtener datos integrales sobre operaciones de crédito y transacciones cambiarias de los ciudadanos y las empresas, con la posibilidad de ligarlos a un número de identificación como la cédula, genera suspicacia en varios sectores.
La falta de claridad sobre el uso específico que pretende dar el Banco Central a estos datos, así como los mecanismos que está utilizando para obtenerlos ha provocado la preocupación de representantes del sector empresarial, políticos y analistas.
El temor principal es que se vulnere la confidencialidad y privacidad de las personas y las empresas, a quienes no se les ha solicitado de manera explícita su autorización para que sus operaciones financieras sean identificables o se puedan cruzar con otras bases de datos.
“Generación de estadísticas”
En declaraciones emitidas el viernes 18 y el martes 22 de agosto, el Banco Central indicó que en el caso de la información de los deudores, lo que busca es generar nuevas estadísticas que permitan conocer, entre otros análisis, el riesgo financiero asociado al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
“El proceso de unificar bases de datos que contienen información financiera y las variables antes mencionadas requiere necesariamente del número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, entre otros), ya que es la variable que permite relacionarlas”, señaló el Banco en un comunicado.
Agregó que esos datos se utilizarían para clasificar la información crediticia por variables tales como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas.
El martes, el economista jefe del Banco Central, Alonso Alfaro, admitió que la información también se compararía o vincularía con datos obtenidos del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros.
OBSERVE MÁS: Banco Central vincularía información de deudores con datos tributarios y de la CCSS, señala economista jefe
Sobre las operaciones de compra y venta de dólares, el banco alegó que también se trata crear estadísticas que le permitan identificar el origen de algunas volatilidades o movimientos que se presentan en el mercado cambiario.
La semana anterior, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBIF) evidenciaron su disconformidad con la recopilación de esta información, pues se hizo mediante una reforma al Reglamento del Sistema de Pagos, para obtener datos como nombre y número de cédula.
OBSERVE MÁS: Banco Central también pide a bancos nuevos datos para identificar quiénes compran y venden dólares
Ayer representantes del sector financiero le reiteraron al Banco Central que pueden entregar información que sirva para esos propósitos, pero sin vincular a una identificación, de manera que se resguarde el secreto bancario.
“Esta alternativa no conlleva ningún costo para nuestros clientes y garantiza la protección de su privacidad”, explicó el asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez.
“Contrariamente a lo que se ha afirmado, somos los bancos quienes hemos mostrado voluntad de colaboración, sin embargo, es el Banco Central quien ha declinado esta oferta”, añadió.
Dudas sobre el uso
En los círculos políticos las principales dudas han surgido sobre el uso que se pretende dar a los datos o el tipo de información que se quiera obtener a partir de ellos.
Voces de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) han sido las más críticas sobre las peticiones del Banco Central, en especial luego de conocerse la denuncia penal que se interpuso a la superintendente Rocío Alguilar, por la negativa de Sugef a dar acceso a la información de los deudores.
“Los datos personales de los ciudadanos se deben manejar con el debido respeto a la privacidad y son solo para los fines específicos con que fueron recolectados. La voracidad del Estado por obtener estos datos no puede seguir superando los derechos individuales que la Constitución Política garantiza a los ciudadanos”, expresó Eli Feinzaig, jefe de la fracción legislativa del Liberal Progresista.
El diputado lo comparó con la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que se intentó crear en el gobierno del expresidente Carlos Alvarado.
Feinzaig instó a otros legisladores a aprobar la reforma integral a la Ley de Protección de Datos (expediente 23.097), la cual está en su fase final de discusión en el Plenario legislativo.
“Esta reforma establecerá límites y requisitos claros para el manejo de datos por parte del Estado y de cualquier organización, al proteger el derecho constitucional a la intimidad de todos los ciudadanos frente a los poderes públicos, de acciones como la que está tratando de tomar el Banco Central en esta oportunidad”, dijo.
Las referencias a la UPAD también provinieron del PUSC. Su presidente, Juan Carlos Hidalgo, aseveró que el partido reconoce la importancia de la supervisión, regulación y el uso de datos para la toma de decisiones y construcción de estadísticas, pero que esta se puede llevar a cabo sin utilizar datos personales.
“Este accionar nos recuerda a la controversial UPAD, en el gobierno anterior. Nuevamente estamos frente a una solicitud que va en contra de los principios fundamentales de la privacidad y la protección de datos personales”, condenó.
Además, advirtió sobre los riesgos de que los datos individualizados sean mal manejados.
“El acceso a este tipo de información expone a los deudores a riesgos innecesarios y al uso indebido de sus datos personales y financieros. Estos riesgos van desde el uso inadecuado de los datos personales hasta exposición a ataques cibernéticos. Asimismo, los descargos recibidos hasta ahora nos recuerdan el cinismo que caracterizó las justificaciones de la UPAD”, agregó Hidalgo.
OBSERVE MÁS: “Nos recuerda a la controversial UPAD”: PUSC critica solicitud de datos confidenciales por parte del Banco Central
Protección de la información
El sector empresarial, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), reaccionó con su preocupación respecto al requerimiento de información personal.
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, indicó la agrupación en un comunicado.
Los empresarios también apoyan la posición señalada por la Sugef, de que debe protegerse la confidencialidad de la información, los documentos y las operaciones de las entidades supervisadas.
“El nivel de detalle requerido por el Banco Central expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma, es decir, los usuarios del sistema financiero”, resaltó Uccaep.
OBSERVE MÁS: Pretensión del Banco Central de obtener datos privados de deudores genera críticas y oposición
Para la Cámara de Comercio la protección de los datos crediticios es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de la economía, que garantiza además la confianza de los consumidores en el mercado.
“Los ciudadanos confían en que su información financiera sea manejada de manera responsable y segura; por esta razón la Cámara de Comercio de Costa Rica reitera su apoyo a todas las iniciativas que busquen asegurar la privacidad de estos datos sensibles en el ámbito comercial y financiero”, indicó Priscilla Piedra, directora de la agrupación.
En su opinión, los objetivos planteados por el Banco Central se pueden alcanzar con información anonimizada (proceso de convertir los datos en una forma en que no se identifique a las personas), con el fin de poder obtener información estadística, que no vulnere los derechos de los ciudadanos y les garantice que sus datos sensibles serán tratados con total confidencialidad.
Voluntad del legislador
En su defensa, el Banco Central ha indicado en varias ocasiones que fue la voluntad de los legisladores la que les otorgó la posibilidad de solicitar información a otras instituciones, así como los mecanismos para exigirla.
El exdiputado liberacionista Antonio Álvarez Desanti refuta la posición del Banco y defiende que se privilegia la confidencialidad y la privacidad de la información.
“Puedo hablar con conocimiento de causa y con la autoridad de haber presidido la comisión que preparó la Ley Orgánica del Banco, además de que lleva mi firma como presidente legislativo.
“Quisimos fortalecer al Banco al brindarle el acceso a la información del país para sus publicaciones, pero una lectura del artículo 14 demuestra de manera clara que se refiere a temas macros y no a detalles de deudores, de igual manera el artículo 133, en los incisos d y e tutelan altísimos niveles de confidencialidad, cuya violación acarrea sanciones penales.
El exdiputado destacó que legislación promulgada con posterioridad a la Ley Orgánica del BCCR, como la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de Datos Personales, cerró aún más la posibilidad de la divulgación de información como la solicitada a la Sugef.
“Como ciudadano, no puede más que felicitar y aplaudir a doña Rocío por su firmeza y valentía en defensa de la privacidad de nuestros datos, y espero que la sensatez prevalezca y el Ministerio Público desestime la denuncia”, dijo.
No darán declaraciones
Las únicas declaraciones oficiales en nombre del Banco Central las han dado Alonso Alfaro, economista jefe de la institución y Francisco Meza, director del departamento de Operaciones Nacionales.
La Oficina de Comunicación del Banco Central informó a El Observador que ni el presidente de la entidad, Roger Madrigal, ni la gerente general, Hazel Valverde, responderán a preguntas sobre los cuestionamientos que se hacen por la solicitud de información considerada confidencial a la Sugef y por la denuncia planteada contra la superintendente Aguilar.
Se indicó que Madrigal figura como testigo en la denuncia penal que el banco interpuso contra la jerarca de Sugef y por ello no puede referirse al tema. Mientras tanto, Valverde fue quien puso la denuncia en nombre del Banco Central, por lo que tampoco hablará ante los medios.
OBSERVE MÁS SOBRE EL TEMA:
4. Sector bancario acuerpa posición de Sugef de mantener confidenciales datos de los deudores.
5. ¿Por qué el Banco Central quiere identificar a las personas y empresas con préstamos?
