Josué Alvarado
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) emitió una medida cautelar para que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) suspenda cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los ciudadanos.
También se ordenó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que no remita información en el mismo sentido.
La Prodhab emitió la medida cautelar el pasado lunes 28 de agosto, y aplica mientras investiga una denuncia formulada por la Asociación para la Defensa de los Intereses de y Derechos de los Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu) en contra de la intención del banco de obtener datos integrales de los deudores y otros en apariencia confidenciales.
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Según la resolución, de la cual este medio tiene copia, la Prodhab puede emitir medidas cautelares de este tipo cuando se cumplan tres requisitos:
- Apariencia de buen derecho
- Daño inminente y de difícil reparación
- Ponderación de los intereses en juego, particularmente la no afectación al interés público
La agencia también valoró si las instituciones públicas involucradas contaban con los cumplimientos de los protocolos mínimos de actuación tal y como establece la ley y si las transferencias de datos que ya anunció el Banco Central cuentan con una autorización expresa de los titulares.
La agencia informó que la medida cautelar se emite “en razón de eventuales daños y perjuicios que se podría provocar a los habitantes” y tomando en cuenta principios como proporcionalidad, el carácter instrumental y la provisionalidad.
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La medida aplica “hasta tanto no se haya valorado, analizado y resuelto sobre la procedencia legal de dicha acción por parte de la Prodhab, mediante el conocimiento, análisis y resolución del presente proceso de protección de derechos no se transferirán datos personales”, dice la resolución N° 697-2023.
Gerente del Banco Central denuncia a superintendente Rocío Aguilar
El pasado jueves 17 de agosto trascendió que Hazel Valverde, en nombre del BCCR, había denunciado penalmente a la superintendente Rocío Aguilar.
Según informó Aguilar, a través de un comunicado de prensa, la denuncia se basa en la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por el BCCR.
Dicha solicitud incluye datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.
Sin embargo, la asesoría jurídica de Sugef consideró que la solicitud es contraria a la confidencialidad de la información. Por otro lado, señaló que la superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen prohibido suministrar cierta información.
En medio de la pugna, la Sugef consultó a la Procuraduría, que dio la opción de trasladar algunos datos, pero de tal forma que no se pueda identificar a las personas involucradas. Sin embargo, la denuncia ya se había interpuesto.
Reacciones en contra
Desde que trascendió esta noticia el sector bancario y financiero de Costa Rica han reaccionado en contra del banco. Incluso, han llamado a este episodio la nueva UPAD, haciendo referencia a la polémica y cuestionada unidad de datos que generó molestia en contra del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP) se han manifestado en contra de la solicitud de información confidencial y la posterior denuncia contra Aguilar.
Además, la Sala Constitucional admitió un recurso de amparo interpuesto contra el banco por el mismo tema.
El recurrente alega que la entrega de información crediticia a funcionarios públicos no autorizados puede acarrear peligrosas consecuencias de seguridad personal y violar la privacidad con relación a los asuntos personales.
Ante la consulta de El Observador el banco informó que ni el presidente de la institución, Roger Madrigal, ni la gerente general, Hazel Valverde, responderán los cuestionamientos que la prensa tiene al respecto, porque el caso ya está judicializado.
Indican que él figura como testigo, mientras que ella fue quien interpuso la denuncia contra Rocío Aguilar. Esto porque se negó a entregar la información que solicitaban estos jerarcas y que para la superintendencia son de índole confidencial.
Este medio solicitó una reacción al Banco Central sobre la medida cautelar, sin embargo al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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