Sergio Arce
Este lunes los magistrados deberán elegir a la persona que esté al frente a la Corte Suprema de Justicia por los próximos cuatro años.
La elección estará, inicialmente, entre Luis Fernando Salazar y Patricia Solano, quienes dominaron cinco rondas de votación el pasado 30 de agosto. Ninguno de los dos logró los votos suficientes.
Sin embargo, las reglas de la escogencia permitirán recibir nuevos candidatos.
De la primera a la quinta ronda, los apoyos fueron cambiando para uno y otro.
Solano, actual vicepresidenta de la Corte y presidenta de la Sala Tercera, superó a Salazar en las primeras tres rondas.
El letrado obtuvo 8, 9 y 8 votos. Su rival tuvo apoyo de 7 magistrados en la primera ronda, mientras que en la segunda y tercera logró 8 votos.
En las dos últimas rondas, el integrante de la Sala Constitucional logró darle vuelta a la situación. De esa manera obtuvo en ambas el apoyo de 10 candidatos, mientras que Solano sumó 7 en la cuarta ronda y 6 en la quinta.
Desde ese momento (30 de agosto), los dos magistrados anunciaron que aprovecharían los días siguientes para reiterar sus propuestas, reunirse con sus compañeros y emprender el diálogo en busca de los votos faltantes para ganar.
Pedido de magistrada
Esta elección ocurrirá en momentos cuando una de las magistradas, Julia Zoraida Varela de la Sala Segunda, pidió a sus compañeros que la elección se haga en una votación pública.
Así lo externó en una extensa carta que le envió a los hombres y mujeres que conforman la Corte Plena.
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En la actualidad, solo se conoce la cantidad de votos que obtiene cada aspirante en las diferentes rondas, no así quién votó por quién.
En el documento, Varela pide que los magistrados se separen “de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “…Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte…”
La letrada argumenta que en caso de que la votación se haga de manera pública, no cabe la designación del delito de prevaricato.
Este delito castiga al funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos.
Ella alega que si la elección se hace de manera pública esto no afecta el acto administrativo del nombramiento.
“En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia), que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, indicó la magistrada.
Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y, además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia ), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial.
“También a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República, quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional.
