Tomás Gómez
Fue un 18 de abril pero del 2018 cuando en Nicaragua explotó una de las peores crisis sociopolíticas de su historia.
Lo que empezó como una manifestación por la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dio pie a una serie de protestas de diversos sectores que fueron violentamente reprimidas por el régimen sandinista.
Hasta entonces el país vecino vivía una aparente calma donde el Gobierno comandado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo salía airoso de las críticas y sostenía diversas alianzas con sectores de peso como los sectores económicos, las iglesias y otras organizaciones.
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La represión desatada en aquel momento, sin embargo, comenzó a aislar al régimen. También a generar un éxodo masivo que no tardó en sentirse en un país como Costa Rica.
Los 48 meses de conflicto suman 137.433 trámites de refugio. Esto equivale a que cada día 94 nicaragüenses han pedido protección a Costa Rica.
Ni cierre de fronteras frenó el éxodo
Para dimensionar el efecto basta con ver que en la primera mitad del 2018 apenas 144 nicaragüenses habían pedido refugio en el país. Sin embargo, solo en junio de ese año se recibieron 3.330 solicitudes de auxilio y al mes siguiente escalaron a 5.250.
Solo el 2018 cerró con 23.063 pedidos y el 2019 no mermó la llegada, hasta sumar 31.624.
Con el 2020 y la llegada de la pandemia el cierre de fronteras tanto aéreas como marítimas complicó la huida de Nicaragua. No obstante, 9.416 personas lograron llegar al país.
La historia del 2021 trajo una nueva oleada motivada por la segunda escalada de violencia estatal; motivada sobre todo por las elecciones donde el sandinismo forzaba su cuarto periodo consecutivo.
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En total llegaron 52.929 personas y octubre de ese año marcó un récord de 8.484 pedidos de refugio. Este pico coincidió con el mes previo a las elecciones ampliamente cuestionadas donde, según los datos de las autoridades nicaragüenses, Ortega superó el 70% de apoyo.
Para lo que va del 2022, por su parte, ya se cuentan 20.257 solicitudes de refugio.
A los datos de este cuatrienio, además, no incluyen los datos de asilo político, cuyo manejo corresponde a Cancillería.
Las elecciones ilegítimas de Nicaragua también han dado al sandismo 75 de las 90 diputaciones, lo que acelera la aprobación de leyes irregulares (AFP)
Ortega aferrado al poder en Nicaragua, pese a todo
Organizaciones internacionales calculan que la violencia política de Nicaragua ha generado más de 350 muertes desde el estallido en 2018.
Desde el inicio de la crisis arrancó también la aplicación de sanciones por parte de las potencias internacionales. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea destacan entre quienes han aplicado medidas de presión.
La situación ya de por sí tensa se radicalizó con las elecciones del 2021, que lograron escaso reconocimiento internacional.
Para asegurar el triunfo, el sandinismo generó polémicas leyes que sancionaba como "traición a la patria" las más diversas maneras de disidencia y crítica.
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Ello facultó una amplia persecución que puso tras las rejas a candidatos presidenciales, empresarios, periodistas y dirigentes sociales.
Otros dirigentes de alto perfil han logrado huir a Costa Rica, dándole visibilidad a ese éxodo; pero aparejado a ellos vienen decenas de miles de nicaragüenses en busca de oportunidades.
A inicios de enero, Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo en medio de un gran aislamiento internacional y sanciones que van fortaleciéndose sin que a la fecha se haya logrado su salida.
El círculo más cercano de Ortega, incluyendo su esposa e hijos está sancionado internacionalmente. No obstante, la familia se mantiene en el poder y recientemente el sistema judicial que también tienen tomado emitió una seguidilla de condenas a los opositores que superan en su mayoría los 8 años de cárcel (AFP)
