Tomás Gómez
La cobertura del servicio, el acceso a internet, la falta de seguimiento a las capacidades de los docentes, los niveles de aprobación y la inversión por estudiante son parte de los problemas que presentan los sistemas de estudio para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Jéssica Víquez, Gerente de Fiscalización de la Contraloría General de la República, expuso así los principales hallazgos de una auditoria hecha por la institución contralora sobre los servicios educativos.
“Reflejan resultados menores a los parámetros definidos”, alertó.
En detalle, las principales críticas son:
- Disminución en la cobertura del servicio: se pasó de 100.600 en 2019 a 91.300 personas en 2022. Disminuyendo también las posibilidades de esta población de acceder a mejores empleos, trabajo decente y emprendimiento.
- Ausencia de capacitación a docentes: faltan insumos en técnicas para educación de su población objetivo. El servicio se presta usando técnicas de mediación pedagógica para niños y adolescentes.
- Debilidades de infraestructura física y acceso a internet: esto impacta acceso a la educación, la aplicación de distintos métodos de aprendizaje; así como potenciar el uso de distintos recursos educativos.
- Falta de mecanismos o acciones para fomentar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo: esto implicaríaservicios de alimentación, transporte y transferencias monetarias condicionadas.
- Promedio general de aprobación: bajó del 79.7% a 75.8% entre 2021-2022; lo cual genera que se requiera una erogación mayor de recursos para atender a estudiantes reprobados.
¿Qué se revisó?
El estudio de la Contraloría abarcó los procesos del MEP en Escuelas Nocturnas, Colegios Académicos Nocturnos, Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea), Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (Ipec), Colegio Nacional de Educación a Distancia (Coned) y Educación Abierta.
Estos programas pretenden dar condiciones académicas para personas de mayores de edad que se quedaron rezagadas en el proceso formativo.
La educación en estos nivales son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por su rol clave para aumentar el número de personas jóvenes y adultas con las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
“En virtud de lo anterior, fiscalizar la eficiencia y eficacia de ese servicio es relevante”, apunta la Contraloría.
Lo que hay que cambiar en educación de adultos
La revisión de la Contraloría vino acompañada de una serie de pautas de mejora que el MEP debería implementar.
Entre esas directrices están:
- Definir a noviembre del 2024 un plan de mejora y transformación. Este debe incluir análisis de la pertinencia de las modalidades existentes, definición de objetivos estratégicos, acciones a implementar, indicadores de eficacia y eficiencia del servicio, cronograma, responsables de ejecución y mecanismos de seguimiento.
- Implementar metodologías de enseñanza estandarizadas para el servicio de educación para personas jóvenes y adultas con el fin de garantizar procesos homogéneos de enseñanza en dichas modalidades.
- Elaborar estudios sobre las necesidades socioeconómicas de las personas jóvenes y adultas, con el fin de definir, oficializar e implementar acciones de mejora relacionadas con la pertinencia, cobertura, eficiencia y oportunidad de los beneficios relacionados con transporte, comedores y transferencias monetarias condicionadas.
- Contar con modelo de evaluación docente que incluya, al menos, definición del perfil deseado, identificación de competencias, oferta de cursos y recursos para cerrar brechas de conocimiento y la evaluación basada en los perfiles deseados
