Hermes Solano
La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes solicitó una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias y los jefes de fracción de las seis bancadas.
Así lo dio a conocer la oficialista Pilar Cisneros en la última reunión de los líderes de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.
Bogantes quiere sentarse con los diputados para explicar los alcances del decreto ejecutivo que excluye a las empresas chinas de participar en el concurso para ser proveedores de la tecnología 5G.
La reunión será el jueves 26 de octubre. A Bogantes se le darán entre 15 y 20 minutos de la sesión de jefes para que exponga sus criterios.
Semanas atrás, el presidente Rodrigo Chaves y la jerarca del Micitt firmaron el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, que dejó por fuera a empresas de ese país, entre ellos la firma Huawei.
Bogantes les dijo a los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales que la decisión se tomó con la intención de subir los estándares de seguridad nacional, luego de que el país sufriera los ataques de cibernéticos que afectaron al ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social, principalmente, el año pasado.
En ese decreto, se determina que los países que pueden participar en el concurso para proveer el servicio de tecnología 5G son los que forman parte del Convenio de Budapest, que es un acuerdo sobre la ciberdelincuencia.
Decisión política
China, al no formar parte de ese acuerdo, queda por fuera de participar en el concurso.
“Si un operador o un proveedor de hardware o software y su casa matriz está en un país que no es firmante del Convenio de Budapest, ni ha expresado interés, o no está en proceso de adhesión, no podrá participar”, dijo Bogantes.
“Si firma (China) o indica el interés de ingresar al Convenio de Budapest pueden participar (las empresas) y se puede usar el equipo Huaweii”, añadió la ministra.
Ahora, Bogantes quiere explicar esos criterios a los jefes de fracción.
Aunque el Gobierno defiende que la decisión tomada obedece a aspectos técnicos y de seguridad, los diputados de la Comisión consideran que todo se dio alrededor de una definición política.
“No es una decisión técnica, es una decisión política”, les dijo Sofía Guillén del Frente Amplio y también lo replicó Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional.
“No están usando como referencia el proyecto mundial más grande de ciberseguridad, sino que decidieron, como un criterio político, y sin ningún fundamento utilizar como requisito el Convenio de Budapest que nadie usa como requisito para el tema de ciberseguridad”, señaló la frenteamplista.
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(AFP)
Conflicto
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la instancia técnica en el tema, señaló que podría haber conflicto respecto a la utilización del Convenio de Budapest.
El presidente del Consejo de Sutel, Federico Chacón, confirmó que ellos, en el informe entregado al Poder Ejecutivo, recomendaron la utilización de estándares de seguridad 3GPP y no el acuerdo en cuestión que data de 2004.
“Sí hay un conflicto con el tema del principio de la neutralidad porque se está restringiendo a los operadores a seleccionar los estándares que cumplan con los requisitos y seguridad de las redes”, indicó Chacón.
