Gustavo Martinez
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió, con base al Memorando de oferta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con fecha del 1° de setiembre de 2023, que el inmueble de Ciudad Gobierno no se trasladaría al Estado al transcurrir los 25 años de contrato.
Así lo señaló el ente contralor, el pasado 1° de febrero, durante la reunión que sostuvo el presidente de la República, Rodrigo Chaves y a la Comisión de Ciudad Gobierno, encabezada por la ministra de Planificación, Laura Fernández, con la Contralora General Marta Acosta.
En la audiencia, Amelia Jiménez Rueda, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del órgano contralor, compartió las advertencias en materia de la transferencia del complejo gubernamental.
“Se ha planteado que este proyecto, como objetivo, es un inmueble propio. Lo que vimos es que había la intensión, una vez finaliza el proyecto, se le iba entregar a la Administración, algo que nos parece obvio, porque son terrenos del Estado. Pero la última oferta que vemos del BCIE, en los expedientes es que dicen claramente que no hay devolución, que no hay opción de compra al final”, indicó.
“Entonces, a esto se le ponen un nombre muy técnico: arrendamiento operativo. Pero cuando no hay devolución es cambiar un alquiler por otro alquiler, porque al final el bien, no siendo viable jurídicamente, no se devolvería el inmueble”, agregó Jiménez.
El documento, del cual El Observador tiene copia, dirigido a la Comisión institucional de Ciudad Gobierno, expone que “considerando la última aprobación del Directorio del BCIE, el proyecto tendría las siguientes características”:
- Monto de operación: $450 millones
- Modalidad contractual: Arrendamiento operativo de bienes por construir
- Plazo de arrendamiento: hasta 25 años, incluyendo hasta cinco años de gracia
- Riesgos asumidos BCIE: Diseño, construcción, operación, mantenimiento
- Opción de Compra: No
- Transferencia de Propiedad al Final de Contrato: No
- Cancelabilidad: Sí
Contrato del BCIE, del 1° de setiembre de 2023, sobre las consideraciones finales del organismo internacional para la construcción de Ciudad Gobierno (Cortesía CGR).
La misiva adiciona que esta transferencia al Estado costarricense no se efectuará en vista a la falta de inclusión de este término durante el proceso de la suscripción de la contratación.
“Cabe aclarar que la transferencia de propiedad al final del contrato se determina que no se efectúa porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación. Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el Gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario, sea porque se puedan impulsar mejoras al complejo, las prórrogas tácitas que permitan gestionar la operación y mantenimiento del complejo, o bien, la transferencia de los inmuebles del contrato”, prosigue la carta del BCIE dirigida a la Comisión de Ciudad Gobierno.
El Observador consultó al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) a fin de esclarecer el alegato del ente contralor.
Desde el departamento de prensa del Mideplan se indicó que la CGR emitió una interpretación errónea.
“Es absolutamente falso que el gobierno perdería la propiedad de los terrenos. Lo que de la nota se desprende es que al final del arrendamiento, el Gobierno puede decidir si quiere y conviene a los intereses del país seguir contratando la operación y el mantenimiento, pero nunca seguir pagando lo correspondiente al componente de infraestructura dentro de la cuota de arrendamiento, porque los edificios ya estarán debidamente pagados”, afirmó la cartera de Planificación.
Propiedad del Estado
Este escenario que propone el BCIE contrasta con el discurso del presidente Chaves y de la ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández, quienes han defendido la viabilidad del proyecto, dado el ahorro que significa al país por concepto de alquileres, traducido en un monto de ¢30.000 millones anuales.
“Ojalá en 25 años, si ustedes se apuran, (diputados) los costarricenses digamos: estamos en casa propia y podamos hacer celebraciones importantes, ya en una Ciudad Gobierno, en la que no paguemos ni alquiler ni amortización que sea para el pueblo de Costa Rica”, manifestó Chaves sobre el proyecto, el 5 de diciembre de 2023.
Laura Fernández, ministra de Planificación, aseguró que Ciudad Gobierno pasará a ser propiedad de los costarricenses (Cortesía Presidencia).
La ministra de Planificación, Laura Fernández, ha asegurado en múltiples ocasiones que el país le cancelaría al BCIE un monto inicial de $33 millones, durante 25 años.
“Este sería uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Nos convertirá en propietarios de una vez por todas de los edificios que por décadas hemos arrendado”, expresó, el pasado 12 de diciembre en cadena nacional.
Reunión
La defensa del proyecto llevó al jefe de Estado en conjunto con Fernández y otros cinco ministros a reunirse con la Contralora General, Marta Acosta, el pasado jueves 1° de febrero,
Esta audiencia fue pública, con señal en vivo, en la que ambas partes abordaron los límites y alcance de la obra.
Tras una jornada de casi dos horas y media con la contralora Marta Acosta, el presidente, Rodrigo Chaves, accedió a valorar el mecanismo legal para el desarrollo del proyecto de Ciudad Gobierno.
La Contralora General, Marta Acosta, defendió las advertencias señaladas en Ciudad Gobierno con base al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública (Cortesía).
Sobre el proyecto para construir una sede gubernamental que reúna a más de 35 entidades y 10.000 trabajadores públicos en Plaza González Víquez, el ente contralor cuestiona el mecanismo pretendido por el Poder Ejecutivo.
Desde el año pasado, la Contraloría General de la República giró advertencias al alquiler de las instalaciones que serían construidas en terrenos del Estado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El 5 de octubre, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría rechazó los recursos de revocatoria presentados por los ministerios de Planificación y Hacienda.
El ente hizo estas observaciones:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Revisión
El debate giró en torno al artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa. Para la Contraloría el modelo que se busca no es avalado, pero Chaves lo califica como una interpretación y lo defendía.
La posición de Marta Acosta y su equipo no cambió y pidió al mandatario revisar el proyecto, mensaje reiterado en la encerrona.
En ese sentido, insistió en la alternativa de un proceso ordinario de licitación que calificó como más transparente y que puede generar un mayor ahorro.
“Hay que cuidar que un artículo de estos no abra un portillo para que no se vuelva hacer una licitación pública”, sumó Acosta.
El equipo técnico del ente contralor que asistió a la reunión refutó el uso de los terrenos públicos.
“Yo compro o arriendo sobre una construcción que ya existe. No se puede arrendar sobre terreno propio, porque eso es obra pública”, enfatizaron.
Al cierre del encuentro, la Contralora envió un mensaje al mandatario: “En democracia, aplicar la ley no es una opción”. Acosta agregó que el Estado de Derecho en Costa Rica da mecanismos para resolver las diferencias entre instituciones, por ejemplo, acudiendo al Tribunal Contencioso Administrativo.
El proyecto
Ciudad Gobierno es un proyecto promovido del Ejecutivo, el cual busca la construcción de un complejo gubernamental que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios en un mismo lugar.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que esta obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del BCIE, como parte de un empréstito con el organismo internacional. El país solo pondría el terreno para construir.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto permitiría un ahorro al país de unos $17 millones anuales.
Actualmente, del presupuesto nacional se asignan $50 millones para el pago de alquileres, mantenimientos y servicios adyacentes de las edificaciones.
Inmueble se ubicaría en las inmediaciones de Plaza González Víquez (Archivo/El Observador).
De concretarse la construcción, el país le cancelaría al BCIE un monto inicial de $33 millones, durante 25 años, con una disminución de la cuota cada año.
Vía legislativa
Tras la negativa y las advertencias sobre las excepciones de la ley del ente contralor, el Ejecutivo presentó la iniciativa ante la corriente legislativa en el marco de las sesiones extraordinarias.
Es así, que el pasado 14 de diciembre, el Mideplan convocó ante el Congreso dos proyectos para Ciudad Gobierno: uno sobre una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y el segundo sobre una reforma a dicho artículo.
Ahora, les corresponde a los diputados la decisión final sobre este proyecto impulsado por el Ejecutivo, durante el período de sesiones ordinarias, que iniciaron el pasado 1° de febrero y se extenderán hasta el 30 de abril.
Durante las sesiones extraordinarias los diputados retoman el control de la agenda parlamentaria y de los temas de discusión.
