Gustavo Martinez
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, criticó la decisión de 45 diputados de aprobar, en primer debate, una ley que redujo el monto destinado a la Policía Nacional proveniente del impuesto de personas jurídicas.
Se trata del expediente 23.973 “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad”. Este proyecto recibió la aprobación en primer debate el pasado 28 de febrero.
“Quitarle recursos a la Policía, en este momento, implica un debilitamiento del servicio”, dijo Zamora.
En principio la ley destinaría un 90% de los recursos a la cartera de Seguridad, un 5% al OIJ y un 5% al Ministerio de Justicia. Tras la modificación el monto dirigido a la Policía se redujo al 75%.
En oportunidades anteriores el jerarca de Seguridad insistió en que la decisión afectaría las acciones del ministerio en la lucha contra la criminalidad que enfrenta el país.
“La reducción del presupuesto a las sociedades (personas jurídicas) debilitaría aún más nuestro presupuesto y nuestros recursos de lucha contra la criminalidad”.
Jerarca de Seguridad, Mario Zamora, criticó desde enero la reducción de recursos a su cartera (Gustavo Martínez/El Observador).
“Creo que la idea de desvestir un santo para vestir a otro, de quitarle dinero al Ministerio de Seguridad Pública no es la idea correcta. Lamentablemente, de manera reciente, se ha planteado en la Asamblea Legislativa una iniciativa para disminuirnos ese porcentaje de los pocos recursos, que ya de por sí, recibe este ministerio”, señaló Zamora, el pasado 26 de enero, en conferencia de prensa.
Combate a la criminalidad
El dinero se utilizará para la atención del crimen organizado y no para otras situaciones, según queda en claro en el texto del proyecto de ley.
“Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país”, señala la propuesta.
Esta asignación de recursos se presenta luego de una ola de homicidios e incremento de hechos delictivos en el país.
Este proyecto le dará el 75% de los recursos del impuesto al Ministerio de Seguridad “para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia”.
45 diputados aprobaron la ley, incluidos los del oficialismo, que inicialmente se opusieron a la reducción (Cortesía Asamblea Legislativa).
Le da el 15% al OIJ para la lucha contra el crimen organizado; y el 10% a Justicia para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.
“Lo necesitamos (el proyecto) porque estamos frente a un Gobierno que no quiere priorizar la inversión en seguridad”, indicó Jonathan Acuña del Frente Amplio, cuestionando que desde Hacienda no han querido girar esos recursos y por eso se presentó la propuesta.
“Lo han incumplido, no han enviado los recursos y por eso es necesario este proyecto”, agregó el legislador.
El impuesto
Los dineros provenientes del impuesto a las personas jurídicas deberán presupuestarse cada año para cada una de las instituciones beneficiarias.
Tanto el Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Justicia deberán presentar un informe anual, al cierre del año presupuestario, con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto.
Lo deben hacer ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
Cambio al original
La iniciativa presentada por Horacio Alvarado y respaldada por toda la bancada del PUSC daba originalmente un 90% de los recursos a Seguridad, y un 5% tanto a Justicia, como al OIJ.
Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico le aprobó una moción en enero pasado para cambiar los porcentajes y de esa manera que la policía judicial recibiera más recursos.
Ante estas modificaciones, Seguridad recibirá el 75%, el OIJ un 15% y Justicia un 10%.
El segundo debate del proyecto se realizará el próximo martes 5 de marzo.
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