Sergio Arce
Rodolfo Méndez Mata, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseguró que tiene “total tranquilidad”. Esto tras los allanamientos realizados por la Fiscalía en su casa y despacho en el marco del Caso Cochinilla.
“Por este medio quiero ofrecer una declaración sobre el allanamiento del día de hoy, desde horas de la mañana.
“Al respecto debo señalar que las autoridades han realizado un operativo de acuerdo con sus competencias.
“(Esto) con el objetivo de avanzar en una investigación ya conocida por toda la ciudadanía y ampliamente cubierta por los medios de comunicación, sobre la cual han recibido toda mi colaboración y la de la Administración del Ministerio a mi cargo.
“Así ha sido desde el inicio del proceso de investigación y así será hasta que concluya en la vía judicial.
“Tengo total tranquilidad porque todas mis actuaciones han estado apegadas a la ética y guiadas únicamente por el interés público y el bien común.
“Así como para responder exclusivamente a las acuciantes necesidades en materia de obra pública de diversas comunidades del país.
Pasada la 1:30 p.m. el Fiscal Subrogante Miguel Ramírez ingresó a la sede central del MOPT en San José para continuar los allanamientos que arrancaron a primera hora del día.
De hecho, la casa de habitación de Méndez Mata en Naranjo fue el primer punto allanado. Se espera la revisión de una segunda vivienda ubicada en Moravia.
Simultáneamente se allanaron varias oficinas del MOPT incluyendo Informática, Planificación Sectorial y el despacho ministerial.
Por tratarse de un miembro de un Supremo Poder el proceso debe ser llevado por la Fiscalía General.
No obstante, el Fiscal interino Warner Molina se inhibió de conocer los asuntos relativos a Cochinilla, por lo que la labor recae en el subrogante Ramírez.
Contra Méndez Mata se sigue el expediente 19-00028-033-PE.
Las diligencias de este jueves se concentran en buscar prueba relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de plantas asfálticas.
También en la supuesta conversión de rutas cantonales a nacionales, aparentemente en beneficio de terceras personas.
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¿Qué pasó con los ¢78.000 millones?
En una entrevista con los fiscales, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó que los fondos que supuestamente se malversaron y que dieron sustento a la investigación del Caso Cochinilla ni llegaron a salir del Gobierno y menos lograron repartirse.
“Esos fondos no salieron del Ministerio de Hacienda en 2018, que se los dejó sin transferir y los usó para los pagos ordinarios.
“Y fueron consumidos para el presupuesto de la República”, aseguró en su declaración del 10 de febrero anterior ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Aguilar ya había adelantado dicho criterio en la Comisión Legislativa que ve el “Caso Cochinilla”. Ahora, lo reiteró ante el Ministerio Público según el acta a la cual El Observador tuvo acceso.
A la funcionaria se le preguntó sobre si los más de ¢78.000 millones bajo investigación habrían beneficiado a las constructoras, lo cual descartó.
“Esos fondos se quedaron en Hacienda, el ministerio no contrata empresas”, explicó.
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Luego se le repreguntó por el manejo de los fondos, pero según justificó terminaron por cubrir otros pagos del Estado.
“Era imposible que esos fondos se usaran para algo diferente porque se quedaron en el Ministerio”, insistió.
¿Qué ha pasado hasta ahora?
Las investigaciones del Caso Cochinilla datan del 2018 y se llevan en el expediente 19-000025-1218-PE.
Inicialmente se detuvo a 30 personas y se allanaron Casa Presidencial, Conavi, empresas y las casas de los sospechosos.
A ese grupo inicial se sumaron luego 45 imputados más que fueron convocados por la Fiscalía.
Además, cabe resaltar que en Cochinilla se aplica por primera vez la imputación a personas jurídicas dentro de un proceso penal. Ello permitió incluir a 10 personas como sospechosas.
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Tras los allanamientos e imputaciones, se han dado algunas audiencias y otros pasos han quedado congelados.
El 4 de octubre, por ejemplo, se canceló la sesión para apertura de evidencias
El 17 de noviembre, por su parte, se confirmó la declaratoria de crimen organizado. Esta figura permitió intervenciones telefónicas, lo cual era reclamado por los abogados de los imputados.
En 4 meses, entre el dictado inicial de las medidas cautelares y la vista oral de prórroga de medidas cautelares celebrada en octubre de 2021 la Fiscalía ha indagado a 40 personas.
Eso pese a que el 14 de junio del 2021, cuando se realizaron las diligencias de allanamiento y detención de personas, se indagaron aproximadamente 30 personas en menos de 24 horas.
