Tomás Gómez
Un nuevo capítulo se sumó este martes al enfrentamiento que sostienen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Hacienda por una partida de ₡2.000 millones.
El monto se transfirió internamente a un fideicomiso para la construcción de un nuevo edificio. Con ello el recurso se registró como no utilizado este año por Hacienda, mientras el OIJ alega que existe una autorización vía ley para hacer el cambio de destino y aprovechar el recursos.
En contraposición, Hacienda hizo un ajuste presupuestario por el mismo monto por subejecución.
El lunes, el director de la policial judicial Randall Zúñiga dio a conocer el caso y reclamó esos recursos. Ante ello, el ministerio respondió a la crítica y afirmó que no habían recortes, sino incapacidad de ejecución por parte del OIJ.
“Es lo que le impide invertir dos mil millones en los programas para la atención inmediata de la criminalidad, fin último para los que fueron asignados”, señaló Hacienda en un comunicado.
Hacienda agrega que del total asignado para el año 2023 (¢107.610 millones), a octubre, este Organismo no había ejecutado ¢33.788 millones.
“De ese monto, es que el OIJ propone trasladar dos mil millones de colones a un fideicomiso para la construcción de un edificio, y no a acciones frontales e inmediatas contra la criminalidad”, aseguró el ministerio.
“Estos recursos son generados por montos que no ejecutaría en la partida de remuneraciones provenientes de: sueldos para cargos fijos, disponibilidad, anualidades y prohibición o dedicación. Cabe indicar que no se trata de ahorros, como erróneamente lo indica el director de ese Organismo”, agregó.
Hacienda insistió también que el espíritu de la ley era más bien usar los dineros en acciones inmediatas contra la inseguridad.
Señalamiento directo a Hacienda
Este martes, el Director del OIJ, Randall Zúñiga, hizo algunos comentarios sobre la respuesta de Hacienda.
Por ejemplo desmintió la cifra de supuesta subejecución. Según él, hace algunos días se rondaba el 90% y para cerrar el año se podría llegar hasta el 97% de los recursos utilizados.
“Pretender que una institución del Gobierno tenga ejecución presupuestaria del 100% es ridículo”, explicó.
A ello sumó que hay incluso elementos externos, como el tipo de cambio del dólar, que se esperaba más alto en este 2023 y que con las condiciones actuales se logró un ahorro.
De paso, Zúñiga fustigó que con las nuevas instalaciones propias se ahorrarían alquileres como busca el Ejecutivo, pero que no podrían avanzar en este plan con la nueva restricción presupuestaria.
Incluso, el jefe del OIJ hizo reclamos directos al Gobierno por no incluirlos en la partidas de los presupuestos extraordinarios para que se les otorgue más recursos.
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¿De dónde sale la plata?
Luego de los intercambios del lunes, este martes el OIJ y la Fiscalía convocaron a una conferencia conjunta en la defendieron sus planes.
El director del Organismo, Randall Zúñiga, apuntó a que los recursos provienen de reservas que se hacen para temas de recursos humanos y que no llegaron a usarse. Ahí menciona horas extra, sustituciones y otros gastos relacionado al personal.
Agrega que la autorización legislativa para el traslado a otros fines llegó en noviembre, cuando ya no había chance para otras inversiones.
Ante esa situación, lo que se decidió fue el traslado de los recursos para la nueva instalación, que funcionaría como un nuevo circuito con la Fiscalía.
El edificio atenderán áreas como Barrio Los Ángeles y Cristo Rey, en San José. El OIJ también busca mejores condiciones para sus oficiales, incluyendo un gimnasio.
El director policial afirmaba el lunes que existe una situación asimétrica entre los fondos que tiene la policía y el poder económico del crimen organizado.
De momento y ante las diferencias con Hacienda, Zúñiga ve como perdido el dinero y adelantó que buscarían incluso medidas como un recurso de amparo.
