Juan Pablo Arias
El Banco Central tendrá la autoridad para determinar una metodología de cálculo y el tope máximo de intereses en una eventual creación de una tasa de usura.
Así destaca en el expediente del proyecto de ley Nº 21.651, denominado “Ley de Medidas para Aliviar la situación financiera de los hogares” y que forma parte de la corriente legislativa desde este miércoles.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, fue quien presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que complementan la directriz emitida ayer por el Poder Ejecutivo sobre un programa de salvamento para personas altamente endeudadas.
El cambio propuesto consiste en establecer la competencia para determinar, de manera técnica, la tasa máxima que regule el mercado financiero y el de compras a crédito con el fin de combatir la usura, o cobro excesivo.
En concreto, el proyecto de ley le otorga dicha competencia al Banco Central de Costa Rica, haciendo énfasis en que se deberá fijar mediante una metodología científica para proteger a las personas consumidoras y permitirá aplicar el marco jurídico existente en materia de tasas de usura.
Según un comunicado de Casa Presidencial “A partir de la aprobación de este proyecto de ley, las tasas que se encuentren por encima de este tope definido por el Banco Central serán consideradas tasas de usura, y calificarán como delito en perjuicio del consumidor”.
Propuesta del Banco Central
El Banco Central ya ha adelantado trabajo. A finales de abril pasado, la Autoridad Monetaria presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta metodológica que pretende lograr un balance entre el objetivo de proteger al consumidor financiero de cobros excesivos y el objetivo de reducir los posibles efectos de exclusión financiera en perjuicio de los segmentos de población de menores ingresos.
En una carta dirigida a los diputados, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, explicó que la expulsión de personas de los sistemas financieros formales es una de las consecuencias más comunes de una tasa máxima o tope, según se desprende de la evidencia internacional.
“Cuánto más baja sea la tasa máxima permitida, mayor será el riesgo de exclusión financiera. De ahí que, si se decidiera fijar un límite a las tasas de interés, éste debería ser razonablemente alto”, señaló Cubero en la misiva enviada a la Comisión de Asuntos Hacendarios, en abril.
Según la metodología propuesta y tras el análisis los registros del periodo comprendido entre enero del 2014 a diciembre del 2018, los indicadores de referencia para determinar la tasa de interés máxima se ubicaron entre 51% y 63%.
Con base en dichos datos el Banco Central sugirió que se utilice uno u otro límite, o bien su promedio simple, que es de 57%.
Además, la entidad recomendó que estas mediciones se actualicen como máximo cada dos años, y que esa tarea recaiga en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Para poner esta cifra en contexto, hoy en día la totalidad de tarjetas del crédito del país están por debajo del 57% propuesto, según el último Estudio de Tarjetas de Crédito elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Otros cambios
El proyecto también establece que los bancos comerciales del Estado puedan ampliar sus opciones para obtener recursos con el fin de que se destine una parte de éstos a programas de crédito para personas altamente endeudadas.
En concreto, se realiza una reforma al artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para eliminar una limitación existente con respecto al tipo de inversionistas que pueden adquirir los llamados instrumentos de capital secundario de los bancos.
Estos instrumentos son un tipo de deuda que se adquiere con acreedores internacionales, y que le permite a la banca estatal fortalecer su capital regulatorio.
Al acceder a estos recursos, la banca estatal tendría mayor liquidez para poder ejecutar, entre otros, los programas de crédito de salvamento para personas altamente endeudadas.
Fortalecimiento del CIC
Se presentó un segundo proyecto de ley que buscará resolver la brecha de información crediticia que existe actualmente en el país mediante el fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (CIC).
Este tiene como objetivo mejorar la calidad y disponibilidad de datos suficientes para la toma de decisiones crediticias, consolidando la información de diferentes proveedores de créditos.
Actualmente, el CIC solo incluye información de los actores que están dentro de la regulación y supervisión de la Sugef, por lo que el proyecto de ley propone la creación de una base de datos adicional que incluya a las empresas que están supervisadas por otra superintendencia, a las empresas comerciales no reguladas a las tiendas departamentales y almacenes comerciales.
Con este cambio se permitiría crear un módulo de información más completo que, además, aumentaría la eficiencia del sistema financiero en la entrega de créditos.
