Tomás Gómez
El Hotel Punta Islita regaló las 3 noches de hospedaje a los cuatro miembros de la escolta presidencial que cuidaron al mandatario Carlos Alvarado y a su familia durante su paseo a Guanacaste del 7 al 10 de agosto anteriores.
“Se hospedaron en el mismo hotel que el señor Presidente, porque era necesario para el cumplimiento de su función de seguridad, y el establecimiento no les cobró por su hospedaje”, indicó la oficina de prensa del Gobierno.
“Que al Presidente de la República lo acompañe una escolta en todos sus desplazamientos es un procedimiento estándar de seguridad”, explicaron desde la Casa de Gobierno.
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La misma dependencia aseguró que cada miembro de la escolta recibió ¢33.000 por el concepto de viáticos para el pago de la alimentación.
Durante su estancia en Hotel Punta Islita, cerrado desde abril y que no admite reservaciones sino hasta noviembre próximo, al mandatario Alvarado sí se le facturaron tanto el hospedaje como la alimentación en un restaurante del hotel.
Según las facturas compartidas 3 noches de hospedaje tuvieron un valor de $690 mientras que por alimentación se pagó un total de $497.
En helicóptero privado y vehículos públicos
Como lo dio a conocer El Observador el martes anterior, una de las escoltas presidenciales acompañó a Alvarado y a su familia, su vuelo privado desde San José a Nandayure el 7 de agosto anterior.
Casa Presidencial confirmó que la escolta también estuvo presente en el vuelo de regreso que se hizo el lunes 10 de agosto.
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Sobre el resto de funcionarios, estos fueron movilizados vía terrestre y en un vehículo asignado a la Presidencia, según confirmó la unidad de comunicación.
Un paseo con secuelas
Aunque el descanso del presidente Alvarado y su familia arrancó el viernes 7 de agosto no fue hasta el domingo 9 por la noche cuando se hizo público tras diversas publicaciones en redes sociales.
Por ese hecho los diputados intentaron en dos ocaciones abrir una comisión de investigación, la cual fue rechazada.
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Quien sí mantiene un expediente abierto es la Fiscalía, que investiga un supuesto delito de enriquecimiento ilícito por viaje.
Dada la judicialización del caso, el mandatario optó por dejar el proceso en manos de sus abogados Róger Guevara y Rodolfo Brenes, quienes entregaron documentos que demuestran pagos realizados por el Presidente de los gastos en que incurrió durante el paseo.
Por eso, la defensa del Gobernante pidió al Ministerio Público desestimar la investigación.
