Christine Jenkins Tanzi
La agencia Moody’s anunció un recorte en la calificación de riesgo de Costa Rica de B1 a B2, con lo que quedaría cinco escalones por debajo del nivel considerado grado de inversión.
Moody’s confirmó en un comunicado la rebaja anticipada por el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves ante los diputados esta mañana. Chaves comentó que había recibido la noticia la mañana del lunes antes de su publicación por la agencia y advirtió que elevaría los intereses que debe pagar el país por su deuda.
“Desafortunadamente soy mensajero de malas noticias. El país tiene que darle la vuelta a esa tendencia y a esa calificación», dijo Chaves ante la Asamblea Legislativa.
En el comunicado de Moody’s, la agencia explica que los altos déficits del país elevarán la deuda del Gobierno Central por encima del nivel promedio de los países con calificaciones similares.
Moody’s incluso estima que la deuda pública cerrará en 63% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2020, superior al 56% que tienen sus pares y a la estimación oficial del 61% del Gobierno.
Sin embargo, dijo que la perspectiva pasaría de negativa a estable dado que los riesgos de fondeo y de liquidez del país estarían contenidos.
OBSERVE MÁS: Ministro de Hacienda: «Esta mañana recibí el reporte de Moody’s donde dice que nos bajará la calificación»
Déficit problemático
En diciembre 2018, Moody’s recortó la calificación a B1 con outlook negativo a pesar de la aprobación de la reforma fiscal. (Foto: AFP)
El déficit de Costa Rica del 6,96% durante el 2019 sería más del doble del nivel medio de los países similares, y este solo se reduciría gradualmente con las medidas de la reforma fiscal, según Moody’s.
“Los resultados de 2019 destacan las dificultades que Costa Rica enfrenta en sus esfuerzos por consolidar la situación fiscal. A pesar de un aumento del 8% en sus ingresos generales el año pasado, el déficit gubernamental estuvo por encima de la meta original en más del 1% del PIB, impulsado por el aumento en el costo de intereses y un mayor gasto de capital”, explica el comunicado.
Estima que el déficit quedaría solo un poco por debajo del 6% del PIB entre 2020 y el 2022, con lo cual la deuda llegaría cerca del 70% del PIB en esos dos años.
Financiamiento futuro
Las necesidades de financiamiento del Gobierno se mantendrían altas y por encima del 12% del PIB, algo que Moody’s identifica como el segundo factor detrás de la rebaja en la calificación.
“Aunque los intereses de la deuda han disminuido desde que el gobierno pasó por un momento de liquidez muy tallado en 2018, algo que requirió un préstamo de emergencia del Banco Central, los intereses de la deuda internacional de Costa Rica están entre los más altos de la región, exponiendo al gobierno a cambios en el apetito del mercado por su deuda”, explica el reporte de Moody’s.
Como los mercados locales de deuda son demasiado pequeños para financiar todas las necesidades del Gobierno, Costa Rica debe recurrir periódicamente a los mercados internacionales. De no encontrar apetito afuera, podría además aumentar las tasas de interés de su deuda local.
Sin embargo, el acceso que al mercado mejoró con la venta de eurobonos y los préstamos internacionales del 2019, algo que Moody’s espera que continuará.
Aunque una mejora en la calificación sería improbable dada la decisión tomada hoy por Moody’s, considerarían positivo que se hagan ajustes presupuestarios que reduzcan el déficit.
Consecuencias
El grupo de inversionistas que puede comprar la deuda del país será menor dado el mayor nivel de riesgo en que quedaría en la escala de Moody’s, según Chaves.
Esto significa que una futura venta de eurobonos podría salir más cara, mientras los organismos multilaterales como el Banco Mundial con los que se estaban negociando préstamos podrían ajustar los montos que estaban dispuestos a prestar.
“Los organismos internacionales no van a cambiar la tasa por eso, pero es probable que consideren restringir el acceso a los fondos subsidiados. Este golpe, es un golpe duro y lo único que nos queda es todavía dar muestras más firmes y duras de compromiso a la sostenibilidad fiscal”, comentó Chaves ante los diputados.
«En vista de que no nos tienen confianza y que nos consideran riesgosos, ahí es dónde tenemos que hacer más esfuerzos, y eso nos va a tener que hacer reconsiderar y obviamente evaluar nuestra estrategia de manejo de deuda y de endeudamiento», agregó.
Hoy Chavez, junto a otras ministras, presentaron un proyecto de ley que pretende usar ¢226.145 millones del superávit de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Junta de Protección Social (JPS), para pagar la deuda pública.
Christine Jenkins Tanzi
