Tomás Gómez
El 10 de marzo entrará a regir la nueva Ley Marco de Empleo Público. De momento, sin embargo, hay problemas de coordinación y capacitación que complicarían su implementación y el logro de los objetivos perseguidos.
Concentración de funciones, falta de información y dudas sobre la transición forman parte del diagnóstico hecho por la Contraloría General de la República (CGR). El ente auditó las labores de preparación para aplicar la reforma hechas a lo largo del 2022 por el Ministerio de Planificación (Mideplan) y la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).
El dictamen advierte que podría darse un escenario negativo que se traiga abajo las metas perseguidas.
“La falta de regulación orientadora para la preparación oportuna de la administración pública para la entrada en vigencia de esta Ley, puede condicionar el logro de los objetivos de ésta, dado que las partes responsables de la gestión de empleo no contarán con la orientación requerida en el momento oportuno”, señala.
Ello responde a problemas de trabajo conjunto que complican la puesta en marcha de la ley.
“No se han establecido mecanismos de coordinación formales para la emisión de criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas. Lo anterior con el propósito de entender cómo se llevará a cabo la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público, y la forma en la cual las instituciones darán cumplimiento a objetivos, metas y acciones en materia de empleo público”, indica el texto.
A ello sumaron un señalamiento porque la labor en Mideplan está concentrada en la asesoría del Despacho Ministerial y la Unidad de Empleo Público.
“No se evidencia coordinación con otras áreas del Ministerio que puedan contribuir desde sus competencias técnicas a robustecer el proceso de implementación y de gestión del sistema de empleo de forma integral”, suman.
Más problemas con Empleo Público
Tras revisar cómo se ha venido trabajando, la Contraloría advirtió, en primer lugar, que se debe revisar la distribución de tareas a lo interno del Mideplan. Para eso sugiere ver la figura de la Dirección Ejecutiva que, por normativa, es la responsables de coordinar entre las diversas áreas de la institución.
También se señala un cambio en las funciones de la Comisión Interinstitucional de Empleo Público. Los hallazgos advierten que esta no ha abarcado todo su mandato.
“Se le asignaron algunas acciones preparatorias para la implementación de la Ley. No obstante, se determinó mediante las minutas compartidas, que el abordaje de dicha Comisión se limitó a temas relativos a la elaboración del Reglamento de LMEP y la metodología para la implementación de la escala salarial global”, adujo Contraloría.
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Hacia afuera, se detectaron falencias pues, en teoría, la implementación requeriría acercamientos con múltiples instituciones. Entre otras se menciona a municipalidades y universidades; pero de momento no se comprobaron esas citas; y las que sí se hicieron no aportaron todo lo esperado.
“Pese a que Mideplan informó la existencia de acercamientos con gestores de recursos humanos, entre ellos el Poder Legislativo, Judicial y el TSE; no aportó evidencia documental de dichas coordinaciones para la formulación de criterios y elementos que guíen definiciones técnicas de forma estandarizada para toda la administración pública. Lo anterior, con el fin de evitar duplicidades y omisiones en la función administrativa”, señalan.
Ojo con el reglamento
Aparejado a Empleo Público viene su respectivo reglamento. Aunque este debe estar listo 6 meses después de la entrada en vigencia de la ley, la Contraloría también detectó áreas de mejora en su preparación.
El plan tentativo era tener avances desde agosto pasado y publicarlo el 30 de abril. No obstante, el ente contralor pone reservas.
“No hay datos o indicadores que demuestren su avance. En este sentido, el no disponer de un reglamento a la entrada en vigencia de la Ley, representa un riesgo para las instituciones públicas, de no contar con la orientación requerida y por ende, no se lleve a cabo la implementación de la misma de forma oportuna”, manifestaron.
A ello se suma que no vieron otros avances, pese a que Mideplan puede generar lineamientos y normativas adicionales.
“No se visualizan acciones para la definición de elementos regulatorios -aparte del Reglamento-; que orienten el quehacer interinstitucional en esta materia para una implementación efectiva y oportuna”, sumaron.
Mideplan dice que hay “grandes avances”
Tras la publicación de la Contraloría, Mideplan emitió un comunicado donde aseguran que sí tienen avances. A la vez justificaron que aún después de vigente la ley, hay medio año más para tener la normativa complementaria.
“Se avanza de manera satisfactoria en la reglamentación tomando en cuenta que esta Ley entra a regir en marzo del 2023; y que en sus artículos transitorios se confiere hasta 6 meses
posteriores a su vigencia para reglamentar (octubre 2023)”, indicó el Ministerio.
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Según el ministro interino, Marlon Navarro, estarían sacando un borrado del reglamento a consulta el próximo mes.
La institución agregó que han estado trabajado con entes como la DGSC, la Autoridad Presupuestaria y el Ministerio de Trabajo. A ellos se suma un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
