Mariana Mena
La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad denunció la muerte de 17 personas egresadas de la Fundación Manos Abiertas.
En marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la fundación por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos y mala atención a los pacientes.
“Las personas con discapacidad, que recibían apoyo y atención de la Fundación Manos Abiertas y que han sobrevivido hasta hoy, enfrentan exclusión social y discriminación”, señaló la Alianza.
“En sólo un mes, 17 personas con discapacidad han muerto desde que las sacaron de ese centro. ¿La razón? no se elaboró un plan por parte de las instituciones judiciales en coordinación con instituciones del Ejecutivo, que considerara las condiciones de salud, su situación de discapacidad y las necesidades”, reiteraron.
También cuestionan si realmente las personas que estaban en la Fundación sufrían de violencia, tomando en cuenta la alta tasa de mortalidad del último mes.
“Hoy decimos que no se investigan “supuestos maltratos” sino “dudosos maltratos” ya que nunca antes en la historia de esa fundación se habían registrado tantísimas muertes ni siquiera en todo un año”, reiteraron.
“Se debió en primer lugar investigar el estado de salud física y mental de cada una de las personas residentes y buscar indicios del supuesto maltrato, antes de tomar la decisión de egresados y de cesar al personal que les conocía y a quienes estas personas con discapacidad reconocían como su única familia”, agregaron.
Además solicitan una intervención por parte de las autoridades del Gobierno y no solo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
El allanamiento de la Fundación Manos Abiertas se dio el pasado 5 de marzo.
Mayoría son adultos
De acuerdo con la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, sí tienen conocimiento de estas muertes, siendo la mayoría adultos y no niños.
“Sobre este tema hay que tener mucho cuidado con la información que se brinda porque sigue en investigación por parte de las autoridades Judiciales. Pero lamentamos que pese a todos los cuidados y estrategias que aplicó Conapdis y hemos sido testigos, se ha dado este hecho tan lamentable”, manifestó Garza.
“Después del allanamiento de la Fundación, se dio la muerte de 17 personas adultas y una persona menor de edad, que fue tres días después del allanamiento y fue producto de complicaciones del diagnóstico de enfermedad que tenía”, sumó.
Según destacó la presidenta del PANI en conjunto con las autoridades de Conapdis y en estrategia con la Fiscalía, participaron activamente del allanamiento y las acciones posteriores.
“Siempre estuvimos monitoreados y acompañados por diferentes instituciones en una situación tan compleja como la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud y otras”, señaló Garza.
Asimismo se ofreció a la Alianza que la presidenta del PANI participe en una reunión junto con la directora de Conapdis, para hablar de la situación y el tipo de información que se brinda.
“Queremos resguardar siempre las investigaciones en proceso, aclarar algunos aspectos, porque es importante tanto para los menores como los mayores de edad con un diagnóstico de corta vida tener la información de cómo está siendo atendidos”, explicó la presidenta.
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Atención
La organización No Gubernamental (ONG) estaba conformada por un grupo de falsas monjas, se encargaban de atender a 70 menores con diferentes problemas de salud.
El PANI asumió, desde el 5 de marzo, la atención directa de los menores de edad con un equipo de 60 personas, entre médicos generales, pediatras, enfermeras, cuidadores, asistentes de pacientes y personal de cocina, limpieza y seguridad.
Mientras que los adultos que residían en la fundación no se conoce el dato total pero su cuidado lo asumió Conapdis. El Observador intentó conocer la posición del Consejo, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Caso
Según la fiscal Anticorrupción, Natalia Villalta, el modus operandi de esta fundación era hacerse “pasar por monjas para utilizar una mampara y así obtener más ganancias y fondos para su peculio”.
Como parte de las acciones policiales, se identificaron eventuales delitos como:
- Trata de personas con fines de explotación laboral
- Ejercicio ilegal de la profesión
- Malversación de fondos
- Peculado
- Enriquecimiento ilícito
- Tortura
“Durante el proceso de investigación se pudo constatar que en esta fundación los encargados realizaban en apariencia varios delitos como explotación laboral. Esto debido a que sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el dinero por concepto de salario”, plantearon las autoridades.
“También hacían informes con datos erróneos, realizaban malversación de fondos en la compra de bienes y viajes al exterior y brindaban daño psicológico a los trabajadores así como a los pacientes”, apuntó el OIJ.
