Tomás Gómez
Un resultado electoral medianamente bueno se convierte en un seguro de vida para los partidos políticos que posteriormente enfrenten debacles electorales, fracasos políticos o hasta problemas con la ley.
La normativa prohíbe a los partidos destinar el 100% de la deuda política que reciben a gastos electorales. Una parte del monto debe reservarse para gastos de organización y capacitación.
Es así como los partidos terminan con fondos suficientes para sobreponerse y seguir operando aún cuando las urnas no están de su lado.
Así lo resalta el último informe de gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); donde aparece un total de ¢7.616 millones que siguen a favor de 18 partidos.
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En la lista, desde luego, están las agrupaciones que resultaron favorecidas en las Elecciones Nacionales del 2022. Pero a su lado figuran también grupos como Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional, que tras pasar a segunda ronda en 2018 ahora están fuera de cargos políticos.
Incluso también hay partidos como Accesibilidad sin Exclusión (PASE), el Movimiento Libertario o Renovación Costarricense, sin diputados desde 2018.
Dinero sí, pero con reglas
La vocera del TSE, Ileana Aguilar, explica que si bien se generan fondos para la continuidad de los partidos, también hay regulaciones sobre los recursos.
A partir del artículo 93 del Código Electoral, detalla, están enlistados los usos válidos:
- Organización política: gastos administrativos para fortalecer partidos y participar de elecciones.
- Capacitación: actividades de formación política, técnica o ideológico-programática de las personas; así como la logística y los insumos necesarios para llevarlas a cabo.
- Divulgación: abarca las actividades donde los partidos comunican su ideología, propuestas, participación democrática, cultura política, procesos internos de participación y acontecer nacional. Incluye los gastos que se generen en diseñar, producir y difundir todo tipo de material que sirva como herramienta de comunicación.
- Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: recolección y análisis de información: así como investigaciones socioeconómicas y políticas sobre situaciones de relevancia nacional o internacional.
Todos esos gastos deben pasar también por el tamiz de control del TSE.
Cada trimestre, los partidos deben liquidar los montos que hayan tomado de la reserva. Si hay montos no reconocidos, estos vuelven al fondo.
De todos modos, no todos los partidos recurren a esta figura y por ejemplo, durante 2022, solo 1 de cada 3 logró el reconocimiento del dinero:
Una década de aire
Una sentencia del 2020 fijó que los recursos de capacitación y organización se validarán según se vayan haciendo las respectivas liquidaciones.
Su preescripción no llega hasta 10 años después de la última presentación de datos al TSE.
"Las gestiones partidarias para el reconocimiento de gastos con cargo a tales reservas comportan actos interruptores del cómputo de la prescripción", explicó Aguilar.
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Una vez cumplido el tiempo de ley, la Administración Electoral debe notificar a los magistrados para que se de por cerrado el caso de cada agrupación.
Para acceder a la deuda política los partidos tienen que alcanzar el 4% de los votos o sacar al menos un diputado. (AFP)
