Paula Ruiz
Las fracciones entrantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio, podrían presentar iniciativas para reformar la Ley de Empleo Público.
Durante la campaña electoral, los verdiblancos se mostraron a favor de hacerle ajustes a la legislación que se creó en marzo anterior.
El liberacionista José María Figueres, excandidato presidencial promovió trasladar a la Dirección General del Servicio Civil las funciones otorgadas al Ministerio de Planificación (Mideplan) en lo aprobado.
La Ley, que empezará a regir a partir de marzo de 2022, otorga al Mideplan el control sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial e instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en materia de nombramientos.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio a partir del 1 de mayo, señaló que precisamente, están interesados en hacer ajustes para evitar la intromisión entre poderes.
“Realizar las modificaciones necesarias para evitar esas intromisiones entre poderes que nos parecen totalmente peligrosas, que exista una centralización en el Mideplan por tanto en el Poder Ejecutivo de acciones que corresponden al funcionamiento básico de otros poderes y del propio TSE”, indicó.
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Otro punto que buscarían reformar los frenteamplistas tiene que ver con el congelamiento en las remuneraciones bajas.
“El congelamiento salarial viene desde la Ley 9635, aunque la Ley de Empleo Público replica el el congelamiento para todo el sector público sin importar la remuneración y se vuelve un problema mayor cuando la inflación va aumentando y si los salarios base se mantienen congelados, esos salarios están perdiendo valor en el tiempo”, afirmó.
El interés es buscar la manera para eliminar ese congelamiento en salarios bajos, pero sí mantenerlo en remuneraciones altas.
Rodrigo Chaves, presidente electo, mostró en campaña política interés por reformar la Ley de Empleo Público.(Archivo/El Observador)
Esperar al Ejecutivo
Durante la campaña electora, Rodrigo Chaves, presidente electo, mostró interés en reformar esta legislación.
No obstante, a la fecha ni su fracción ni él, han detallado cuáles puntos planean reformar.
“Don Rodrigo ha sido claro que esta es una ley que tiene sus bemoles y hay un grupo de expertos haciendo ese análisis porque se necesita (la Ley) pero no siguió un proceso que pudiera darle mayores argumentos para poder sacar una ley más apegada”, dijo Luz Mary Alpízar, diputada del oficialista Partido Progreso Social Democrático.
En febrero anterior, Stephan Brunner, vicepresidente electo, afirmó que en setiembre próximo presentarían el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
“Presentarla depende de nosotros; lo de aprobada depende de otros, pero estimo que en cuatro meses deberíamos ser capaces en presentar la alternativa a la Asamblea Legislativa”, declaró en un webinar.
Esos cuatro meses a los que hace referencia Bruner comienzan a contabilizarse a partir de la toma de posesión.
En las fracciones electas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), esperarían esas propuestas del Ejecutivo para ser sometidas a valoración.
De esta manera, no estarían del todo interesados en presentar proyectos de ley para reformar la legislación.
“Estaríamos esperando que nos propongan cuales son los cambios puntuales que ellos quieren hacerlo para nosotros valorarlo”, dijo Daniela Rojas, jefa de fracción electa del PUSC.
“Si las propuestas van a venir de parte del gobierno van en la dirección de mejorarla, le damos trámite”, señaló Eli Feinzaig, vocero del PLP.
Feinzaig se inclinó por superar este tema para que la Asamblea Legislativa se concentre en otros temas.
Del cuatrienio actual, la diputada Paola Vega presentó una reforma a la Ley de Empleo Público a tan solo dos días de haberse publicado.
Se trata de una iniciativa para eliminar la objeción de conciencia del texto.
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