Tomás Gómez
Este Gobierno hizo varios intentos para, con diferentes nombres y en diferentes momentos, consolidar una unidad de análisis de datos que operara desde Casa Presidencial y que pudiera acceder información confidencial de otras instituciones.
El escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tuvo, a inicios del año anterior, un primer intento que pasó inadvertido pero que contó con los mismos patrones que ahora tiene al Gobierno contra las cuerdas.
El Observador tuvo acceso a un expediente del Ministerio de Planificación (Mideplan) donde se evidencia la persistente intención de Zapote por institucionalizar la unidad de análisis de datos que, según la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, se ha hecho desde el inicio de la administración.
En su primer borrador la oficina llevaba el nombre de “Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial” (DADIA).
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Para se creación se gestó un decreto que el asesor presidencial Diego Fernández remitió a la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, el 10 de abril del 2019. El documento se envió por vía electrónica para pedir su revisión por parte del Mideplan y según la comunicación, la asesoría jurídica del proyecto corría a cargo del abogado Luis Salazar.
De acuerdo con el borrador, la DADIA sería “un centro de coordinación en el análisis de datos e implementación de soluciones de inteligencia artificial para mejorar la gobernanza en la administración pública” y para lograr esa meta también se permitía el acceso de la citada unidad a información confidencial.
Pero ese borrador estuvo paralizado por casi un mes, hasta que la jefa del despacho presidencial, Felly Salas, le pidió a Ivania García, directora de la oficina de la Ministra de Planificación, que le diera seguimiento al caso.
Fue entonces cuando García envió el expediente a Jorge Ortega, jefe de la Unidad de Reforma Institucional del Mideplan, quien el 14 de mayo emitió un dictamen demoledor contra la iniciativa.
De acuerdo con su criterio, el proyecto contenía defectos como:
- No era claro sobre los datos que se analizarían y entes como Mideplan, INEC o la DIS ya tenían labores similares.
- Desde el gobierno de Luis Guillermo Solís ya habían esfuerzos relativos al manejo de datos lo que generaría duplicidad de funciones.
- No se daba naturaleza jurídica alguna a la DADIA.
- Proponía perfiles de puestos, los cuales son competencia de Recursos Humanos. Además, involucraba un aumento del gasto, lo que podría restar operatividad.
En su propuesta, el Gobierno era insistente en los temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y transformación digital, razón por la cual en el decreto se puso a como a uno de los máximos responsables al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
Este medio contactó a la cartera, donde negaron haber sido parte tanto del plan original como del de la UPAD e incluso aseguraron que nunca fueron consultados.
Asesores insistentes
El fracaso del primer decreto intentó ser enmendado con un nuevo proyecto, esta vez con el soporte del Ministerio de la Presidencia, entonces encabezado por Rodolfo Piza.
Para el 21 de mayo, apenas una semana después de los señalamientos contra la DADIA, el despacho de Carlos Alvarado le ordenó a Miguel Miranda, analista de la Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de la Presidencia, el trabajo técnico para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia).
Las labores estuvieron listas el 17 de junio y para el 3 de julio, por medio del oficio DM-282-2019 el ministro Piza envió el caso a Mideplan para su aprobación.
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Nuevamente el proyecto naufragó en medio de señalamientos tales como la posibilidad de duplicar esfuerzos.
Además, se cuestionó el manejo de recursos humanos planteado por el plan y que del abordaje de “inteligencia artificial” no pasaba del nombre.
En términos generales, según la revisión de Mideplan, la intención de Zapote nuevamente carecía de fundamento y las metas buscadas, bien podría asumirlas el equipo de la Secretaría del Consejo de Gobierno si se le daban más recursos humanos y técnicos.
El criterio apareció en el oficio URI-IT-009-2019, firmado por Jorge Ortega de Mideplan, quien ya había fustigado los planes de creación de la DADIA.
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Las críticas nuevamente tuvieron poco eco en Casa Presidencial, donde el 14 de octubre quedó formalmente constituida la UPAD, esta vez, gracias a una norma suscrita por el mandatario Alvarado, el nuevo Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
Poco importó que el permiso obligatorio del Mideplan para cambios de este tipo hubiera sido denegado.
UPAD a pesar de todo
La firma del decreto de la UPAD se mantuvo en las sombras y pasaron casi cuatro meses para que se publicara en La Gaceta y entrara a regir.
Así, el equipo que durante año y medio había manejado datos de los costarricenses quedó oficializado el 17 de febrero, con poco éxito pues el decreto fue derogado 4 días después, el 21 del mismo mes, día en que la información trascendió públicamente y generó una ola de cuestionamientos y dudas.
La medida no calmó las aguas y por el contrario incrementó los cuestionamientos contra el proyecto, que sostenía la obligación del sector público de tener que facilitar los registros confidenciales.
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Al comparar las críticas hechas al decreto de la DADIA con los de la UPAD, resalta que se dejaron intactos puntos ya antes señalados, como la intromisión en áreas que ya son competencia de otras instituciones, lo innecesario de crear una oficina para tales laborales y la posibilidad de mantener resguardada información pública.
Además, surgió un duro cuestionamiento pues el documento afirmaba que Mideplan dio el beneplácito para el cambio, información que resultó imprecisa.
El viceministro Soto, quien firmó la norma, pidió entonces explicaciones en la institución, donde la unidad jurídica dijo no haberse vinculado con el proceso y la Unidad de Reformas Institucionales desmintió tal aval.
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