Hermes Solano
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, junto a la ministra de Planificación, Laura Fernández, se reunieron el lunes con la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) para hablar sobre los proyectos relacionados con la construcción de Ciudad Gobierno.
Se trata de los expedientes 24.099 y 24.100 para reformar la Ley de Contratación Administrativa y que se tramitan en la Comisión de Jurídicos.
La idea del Gobierno es impulsar una mesa técnica de trabajo para consensuar un texto que pueda discutirse y avanzar, esto luego de las dudas expresadas por la Contraloría General de la República ante el órgano legislativo.
“Hablamos de una mesa técnica que queremos impulsar con la presidencia de Jurídicos, don Jorge Dengo, viendo si se puede coordinar con especialistas en contratación pública, abogados en la materia”, indicó Díaz.
La ministra es enfática en señalar que la idea es “sacar a los jerarcas como tal y dejarlo a nivel de las dudas técnicas para ver si tenemos un texto base y sobre eso discutir”.
La Asamblea está en el cierre de las sesiones ordinarias y a partir del 1 de mayo el Poder Ejecutivo tomará control de la agenda y esas iniciativas serán prioridad.
Son proyectos que entrarían en la posible negociación por los votos del oficialismo para el 1 de mayo, aunque ya los dos bandos señalaron que no irán por esos apoyos luego del exabrupto de Rodrigo Chaves la semana anterior.
“Estamos ajustando agendas, ya conversé con los diputados de la comisión y están anuentes a hacer la mesa pronto”, dijo la jerarca de Presidencia.
(Archivo/El Observador)
Poco apoyo
Las propuestas presentadas por el Ejecutivo buscan cambiar la interpretación y reformar los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública. El primero de ellos se refiere a la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
Según Natalia Díaz es muy probable que se convoquen en sesiones extraordinarias, pero asegura que apostarían por la reforma a los artículos y no por la interpretación, de acuerdo con el ambiente que ven en la Asamblea alrededor de ambos.
“Es probable que sí, hay interés de la administración, pero veremos cuál tiene más ambiente, que creemos que es la reforma, no la interpretación”, dijo.
La Contraloría General de la República cuestionó ambas iniciativas, considerando que lo que buscan es “una huida de los procedimientos ordinarios de contratación pública”.
“Contratar obra pública sin concursos riñe con el sistema de contratación pública que acogió nuestro país mediante la LGCP (Ley General de Compras Públicas) y que elimina muchas de las excepciones previas precisamente para cerrar portillos”, dijo la contralora Marta Acosta semanas atrás.
Presidencia se seguirá reuniendo con las demás fracciones sobre este tema. La otra semana lo estaría haciendo con el Frente Amplio y el Liberal Progresista.
