Hermes Solano
La contralora Marta Acosta compareció este miércoles en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y dio su criterio sobre los expedientes 24.099 y 24.100 relacionados con Cuidad Gobierno.
Los proyectos del Poder Ejecutivo se presentaron en diciembre del año pasado y surgieron luego de la decisión de la Contraloría General de la República de frenar el proceso para la construcción de un complejo para unificar la ubicación de varios ministerios.
Lo que se busca con los textos es cambiar la interpretación y reformar los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública. El primero de ellos se refiere a la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
Acosta asegura que este proyecto busca habilitar “la contratación del diseño y construcción de obra pública sin concurso”.
Eso “implica una huida de los procedimientos ordinarios de contratación pública”, añadió en la conclusión dada a los diputados.
“Contratar obra pública sin concursos riñe con el sistema de contratación pública que acogió nuestro país mediante la LGCP (Ley General de Compras Públicas) y que elimina muchas de las excepciones previas precisamente para cerrar portillos”, añadió.
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Cuestionó criterio
Durante las conclusiones de los proyectos, la CGR cuestionó lo dicho por los jerarcas del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación, Nogui Acosta y Laura Fernández, respectivamente.
Los ministros señalaron en la comisión que la reforma busca generar mecanismos alternos para el desarrollo de infraestructura, usando figuras innovadoras que eviten el endeudamiento público.
“La figura propuesta en terrenos públicos implica más deuda, pues se pretende utilizar el arrendamiento en terrenos públicos, el cual será financiero pues siempre el uso del bien deberá regresar al Estado, el inversionista deberá recuperar su inversión y el Estado tendrá, por tanto, una obligación de pago de mediano o largo plazo”, señaló la contralora.
“Pretender no registrar el endeudamiento no es transparente y se podría tornar insostenible y perjudicial”, añadió.
Acosta enfatizó ante los diputados del órgano legislativo que ellos no están asumiendo que los proyectos están hechos a la medida para Ciudad Gobierno, sino que lo evalúan para “diseño y construcción de obra pública”.
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Este era el plan de Ciudad Gobierno. (Cortesía / Archivo)
Cambio de rumbo
El Poder Ejecutivo optó por la vía legislativa con la presentación de los dos proyectos de ley, luego de las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República al plan de Ciudad Gobierno.
La negativa del ente contralor se dio por el modelo de arrendamiento propuesto. Se pretende construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El 5 de octubre del año anterior, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento y dejando así el recurso sin lugar con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Posteriormente, el órgano contralor notificó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del recurso de apelación en subsidio, el pasado 27 de noviembre, ante el oficio de advertencia sobre Ciudad Gobierno.
