Paula Ruiz
La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, mostró su oposición al proyecto de ley que permitiría el retiro del 30% del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) para el pago de deudas.
Esquivel advirtió que se trata de su posición dado que todavía este expediente de ley no ha sido analizado en sesión de la Junta Directiva.
La jerarca apuntó a que con ese retiro se estaría solucionando un problema de corto plazo, pero haciendo más grande el de largo plazo cuando la persona se pensione.
“Lo considero una causa noble, pero el impacto de esto es tan a corto plazo que podemos causar un perjuicio a largo plazo en una población que nos corresponde a nosotros como encargados de la seguridad hacer la advertencia, pero serán ustedes como legisladores los que tendrán que tomar la decisión de si solventar un problema a corto plazo o mejor preservar una ley”, dijo.
La Presidenta Ejecutiva presentó sus observaciones ante la Comisión de Asuntos Sociales donde se analiza el expediente de ley 23.082 liderado por el liberacionista Francisco Nicolás.
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La jerarca sí fue clara que el plan no impacta los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o el seguro de Maternidad.
“La única extensión sería la operadora de pensiones complementarias y la de capitalización laboral que recibe una porción importante de las comisiones sobre el saldo de los cotizantes”, explicó.
Aunque, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS, advirtió que el retiro del 30% generaría una expectativa de compensación mediante el IVM.
“Creo que en este caso el IVM tendría esa presión adicional, siendo parte de ese sistema a multiplicar, uno de ellos se desvirtúa”, destacó.
El ahorro
En contraparte, Esquivel apuntó a la importancia de la cultura del ahorro y las deficiencias en cuanto a la educación en esta línea.
Incluso, aprovechó el espacio para agradecer a su padre, quien le inculcó el ahorro desde temprana edad.
“Nuestra población se ha acostumbrado a tener un sobreendeudamiento y eso no solo lo vemos con personas que están en una situación como esta como pensionados, incluso los asalariados, ustedes han visto la lucha del salario mínimo inembargable, nos hemos quedado cortos en educar en materia financiera”, afirmó.
Durante el análisis de esta iniciativa, varias entidades se han mostrado en contra de este plan, entre ellas la Superintendencia de Pensiones (Supen), la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).
Los diputados acordaron llamar en audiencia al ministro Nogui Acosta de la cartera de Hacienda, para conocer su posición sobre esta iniciativa.
Este plan es distinto al prometido en campaña por el excandidato José María Figueres, ya que establecía el pago de deudas solo dentro del sistema bancario nacional.
Mientras, la iniciativa de Nicolás amplía esa opción hasta para trato entre dos personas.
La utilización de los fondos se usaría para el pago de deudas que mantienen con el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de empeños o préstamos, según explicó Nicolás en ese momento.
Asimismo, permitiría el pago entre particulares para lo cual, se debería de presentar una declaración jurada ante un notario público y dos testigos, lo cual permitirá certificar la deuda y el monto adeudado, sería el girado.
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