Hermes Solano
En medio de la discusión y dudas que hay sobre el proyecto de marchamo digital que pretende instaurar el Instituto Nacional de Seguros (INS), la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Araya, salió al paso para desmentir que se busque tener monitoreados a los ciudadanos dueños de vehículos.
Araya garantizó que los stikers o chips que se colocarían en los vehículos no tendrán información más que la básica del vehículo. Tampoco -prometió- tendrá un GPS para saber dónde se ubicará el usuario.
“Estamos seguros que el sticker no hace control de ninguna manera, porque no está activa, no manda información constantemente. Solo el lector es el que puede decir que información sustrae y es pública, como la placa y demás”, indicó la funcionaria.
“No monitorea y no tiene GPS”, confirmó la jerarca.
Este jueves se presentaron dos recursos de amparo en contra del proyecto de marchamo digital, uno de ellos por parte de la diputada del Liberal Progresista, Johana Obando.
“Solicito ante el INS que frene el proceso de licitación para la compra de dispositivos RFID. Bienvenida la aplicación de la tecnología en los procesos, pero se deben respetar los derechos de los ciudadanos y esta medida podría implicar la violación al art. 24 constitucional”, dijo la legisladora.
Araya indica que hay tranquilidad y agradece que se presentaran los recursos en este momento.
“Estamos tranquilos con las consultas, parece muy bien que se hagan ahora antes de que lo vayamos de presentar en noviembre, si es que lo logramos”, dijo Araya.
Licitación
Araya señaló sobre los procesos para la implementación del marchamo digital que la semana anterior ya se hizo la licitación pública para los stickers y ahora lo que sigue es la licitación para el software.
Todavía no hay fecha para iniciar ese trámite, pero según la jerarca “estamos prontos” a realizarla.
El INS reconoció una alta inversión inicial, pero menor costo a largo plazo. El viernes anterior se lanzó la licitación por ¢4.860.864.283, como consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), para la compra de 1.800.000 etiquetas.
El proyecto genera dudas desde que fue anunciado en Casa Presidencial y luego de que el presidente Rodrigo Chaves hablara de etapas y fases a implementar.
“En la segunda etapa, vamos ver las asociaciones público-privadas para que pueda entrar al parqueo, para el accionar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Policía de Tránsito”, dijo el presidente.
El Gobierno no ha dado plazos para las próximas etapas, pero Chaves manifestó la posibilidad de que los semáforos inteligentes identifiquen los chips para dar paso en presas o regular la restricción vehicular en San José, “sin que tenga que estar un oficial viendo”.
También se habló de la posibilidad de recuperar carros robados y dar paso prioritario a ambulancias y vehículos de emergencia de forma automática.
Esto hace que se genere duda sobre el monitoreo que habría de los usuarios de los vehículos.
