Tomás Gómez
El presidente Carlos Alvarado se refirió a los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República, que acaba de hallar diversos conflictos en la forma en que se distribuyeron las ayudas económicas de Plan Alivio.
A su criterio, se trata de críticas por el trabajo que se hace.
“Yo creo que la dinámica siempre va a ser la misma. Nosotros hacemos cosas para resolverle al país y la Contraloría hace cosas para cuestionar lo que nosotros hacemos”, dijo.
“Por la política como es en Costa Rica nosotros ayudamos a la gente que es la finalidad que nosotros tenemos, terminamos nosotros desprestigiados y la Contraloría en lo que es”, agregó.
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Como parte de su descargo, Alvarado señaló que la Contraloría es una dependencia de la Asamblea Legislativa; algo que acepta como parte de la división de poderes.
“Yo no voy a dejar y nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Lo más fácil sería no hacer ni Proteger, ni Alivio; porque así uno no se expone a que lo critiquen, no hacer ni el tren”, manifestó.
“Lo diferente es hacer, servirle al país y saber que cuando uno hace se expone a que órganos de control o políticos lo critiquen a uno”, complementó.
Al consultársele a Alvarado si veía un componente político en la labor de la CGR, contestó que “todos los seres humanos somos políticos”.
“Alivio” que enciende alarmas en la Contraloría
Según el más reciente informe de la Contraloría, el Plan Alivio, que daría ayudas económicas a las empresas afectadas por la pandemia estuvo plagado de errores en su reparto.
Un total de 87 empresas habrían recibido financiera sin requerirla por parte de un programa. Estas representan casi la mitad de las 191 beneficiarias.
Ante lo identificado, el ente contralor señaló que el “Programa Alivio no fue eficaz ni eficiente en el proceso de selección de las etapas; en dos de las tres etapas del programa: estabilización y de reconversión”.
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“El 44,95% (¢1.764 millones) de los fondos otorgados por el Programa Alivio como recursos financieros no reembolsables en las etapas de estabilización (¢1.031 millones) y de reconversión (¢733 millones), fueron utilizados por empresas sin evidencia de que sus ventas se hayan visto afectadas en al menos un 20% por las medidas sanitarias provocadas por la emergencia nacional, lo cual es contrario a los fines perseguidos con el Programa”, se desprende del informe contralor.
Por su parte, el Gobierno se defendió diciendo que el objetivo principal del programa “fue procurar la supervivencia de las empresas elegidas y el mantenimiento de sus operaciones”, dijo Laura López, directora de Despacho de Procomer.
Las empresas fueron seleccionadas tras un proceso y todas se mantienen en operaciones. La auditoría del órgano contralor no se llevó a cabo en concordancia con lo establecido en las Bases Operativas del Programa, ni respetando el alcance que se había establecido para el mismo, según la funcionaria.
Sobre el tema, Alvarado acabó diciendo que el Plan Alivio tuvo dos auditorías independientes en las cuales el plan del Gobierno salió bien evaluado.
La Contraloría tiene la potestad de auditar diversos gastos del sector público (Archivo)
