Tomás Gómez
“El proyecto de ley consultado presenta inconvenientes a nivel jurídico, por lo que, respetuosamente, sugerimos valorar las observaciones efectuadas, a fin de corregir y mejorar la propuesta legislativa”.
Así cierra el dictamen PGR- OJ-039-2023, donde la Procuraduría General de la República (PGR) hace un análisis del proyecto N°. 23.449; conocido como “Ley de promoción de denuncias y protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales”.
Se trata de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado. La iniciativa, ahora en manos en la Asamblea, fue consultada a varios entes, entre ellos la Procuraduría que emitió sus alertas.
En términos generales, el proyecto propone dar recompensas económicas a quien denuncie; a la vez que se buscaría prevenir la persecución laboral.
El plan, eso sí, necesitará el bisturí legislativo.
Imagen con fines ilustrativos (Archivo El Observador)
Un tema polémico: los premios económicos
Un aspecto donde la Procuraduría fue particularmente crítica con el proyecto de ley fue con la idea de dar recompensas económicas a los denunciantes.
“En cuanto a la recompensa económica diremos que es uno o si no, el aspecto más controversial y controvertido, no solo de esta propuesta legislativa, sino en la doctrina académica. Y debe decirse que no es la primera vez que se propone en nuestro medio, sin mayores frutos”, apunta el escrito.
Al respecto, se advierte del vacío con que se está haciendo la propuesta.
“Véase que, como una de sus debilidades más notorias y significativas, la propuesta no define ni determina ningún criterio para el pago de la recompensa económica, las fuentes de financiamiento, ni el procedimiento para su asignación, así como cualquier otra condición necesaria para la implementación del mecanismo; los cuales propone, serán definidos vía reglamentaria”, continúa la PGR.
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Más allá de eso, también trae a debate el dilema sobre por qué el dinero debe mediar en una responsabilidad ética como lo es denunciar la corrupción. En ese punto la PGR insiste en que si bien se trata de un debate que aún sigue abierto a nivel internacional, el proyecto local no lo aborda correctamente.
“Acusamos que la propuesta normativa contenida en este proyecto de ley, es hartamente deficitaria, pues aunque posibilita preverlos, no regula del todo las recompensas, premios o incentivos económicos por denuncia, sino que propone regularlos por vía reglamentaria; lo cual es jurídicamente inaceptable”, manifiestan.
Siempre en materia económica, se critica el plan que distribuye lo recaudado por multas entre la Procuraduría de la Ética Pública y la Defensa Pública. A criterio de la PGR hay otros entes que también se vinculan y participarían de las tareas de esta iniciativa.
Más dudas desde la Procuraduría
La revisión del ente procurador abarca la totalidad del proyecto, destacando que a nivel internacional se ha promovido este tipo de leyes. De paso se recuerda que ya hubo un primer intento sin éxito.
Sobre la propuesta en concreto, señala que:
- Se maneja el tema desde el Derecho Laboral, pero tomando en cuenta que la ley se piensa para servidores públicos, debería verse desde la óptica del Derecho Administrativo. Esto por cuanto hay reglas particulares de por medio.
- Debe delimitarse mejor la descripción de las personas protegidas por la ley.
- Se recomienda empatar las protecciones planteadas con las que ya garantiza el Código de Trabajo.
- El plazo de protección de 2 años es corto, según la revisión de Procuraduría.
- Hay confusión sobre quién tiene que aportar pruebas al denunciar la persecución laboral.
- Se sugiere un sistema más amplio de medidas cautelares, que pueda adaptarse a las distintas realidades laborales.
La Procuraduría emitió su criterio a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se analiza el proyecto gubernamental (Alonso Solano/El Observador)
Las expectativas del Gobierno
Desde la campaña electoral el ahora presidente Rodrigo Chaves mencionó la idea de una ley que premiara las denuncias de corrupción.
El proyecto se materializó en noviembre pasado con su presentación en Consejo de Gobierno.
“En ocasiones, el temor a sufrir represalias con motivo de la presentación de una denuncia o la rendición de un testimonio es uno de los principales factores que inhibe a los denunciantes y testigos de actos de corrupción a colaborar con los procesos administrativos y penales previstos para castigar a los responsables”, indicó entonces el Ministerio de Justicia.
El Poder Ejecutivo insistió entonces en que la propuesta “solventaría una necesidad prioritaria para el combate de la corrupción”.
Presidente Rodrigo Chaves (Foto Archivo/ El Observador)
