Hermes Solano
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), como abogado del Estado y en su condición de víctima en el caso denominado “Cementazo” interpuso querella y acción civil resarcitoria.
El monto solicitado por daños es de $10 millones (alrededor de ¢6.800 millones) planteada contra nueve personas físicas y cuatro personas jurídicas.
Luego de que el Ministerio Público acusara a Juan Carlos Bolaños y ocho personas más el pasado 13 de julio, le indicó a la PEP y al Banco de Costa Rica que debían definir si se presentaban como querellantes en el proceso.
La acción civil resarcitoria de la Procuraduría se planteó contra las siguientes personas, que eran funcionarios del BCR o de las empresas Sinocen, la importadora de cemento chino:
- José Andrés Víquez
- Leonardo Acuña
- Marvin Corrales
- Paola Mora
- Rodrigo Ramírez
- Gilbert Barrantes
- Javier Rojas
- Mario Cortés
- Juan Carlos Bolaños
En cuanto a las personas jurídicas, el proceso civil resarcitorio es contra:
- Sinocem Costa Rica S.A.
- Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A.
- JCB Constructora y Alquiler S.A.
- JCB Distribuidora S.A.
“Este proceso es de carácter ordinario, por lo que luego de que la Fiscalía ponga en conocimiento de los imputados las querellas formuladas por los diferentes legitimados y de traslado de las acciones civiles resarcitoria a los demandados civiles, el expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial de San José, para señalar la Audiencia Preliminar”, indicó la PEP.
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Hechos querellados
La Procuraduría, además, señaló los hechos por los cuáles querellan, que son los siguientes:
-Tráfico de influencias en la obtención de un crédito revolutivo para Sinocem Costa Rica S.A.
–Peculado por la distracción de fondos públicos girados por parte del Banco de Costa Rica a Sinocem Costa Rica S.A., a pesar de conocer que no estaba cumpliendo el plan de inversión del crédito para comprar cemento, entre otros motivos
–Influencia en contra de la Hacienda Pública, por realizar maniobras en contra del interés público, el Banco de Costa Rica y la Hacienda Pública, para beneficiar ilícitamente al sujeto privado y su grupo de interés económico
-Receptación, legalización o encubrimiento de bienes (tipo de legitimación de capitales) para los sujetos particulares, por introducir en el mercado financiero costarricense fondos ilícitos provenientes del delito de peculado
BCR Bando de Costa Rica
También el BCR
El Banco de Costa Rica también se unió al proceso e interpuso acción civil resarcitoria en el caso.
Sin embargo, la entidad no dio a conocer más detalles.
“No podemos ahondar debido a que la etapa en que se encuentra el procedimiento es confidencial, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicaron a través de un comunicado de prensa.
“Continuaremos colaborando con las autoridades en el proceso respectivo y hemos puesto a su disposición todos los elementos requeridos para el desarrollo de la investigación”, añadió.
Las nueve personas acusadas enfrentarán el proceso por ocho delitos diferentes.
Juan Carlos Bolaños es el mayor de los acusados, pues se le atribuyen 28 delitos. Bolaños estuvo alrededor de tres años en prisión preventiva, pero luego quedó en libertad.
“De acuerdo con la Unidad, dentro de la causa se acusaron los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos”, indicó la autoridad judicial.
