Hermes Solano
El proyecto de ley presentado por la oficialista Pilar Cisneros, el expediente 23.733 llamado Mismo patrón, igual contribución: equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones, se está discutiendo en la Comisión de Gobierno y Administración.
Ya se comenzó con las audiencias y, además, el órgano legislativo recibió un informe de la Procuraduría General de la República el cual concluyó que la iniciativa “presenta inconvenientes a nivel jurídico y algunos eventuales roces de constitucionalidad”.
Eso sí, advierte que algunos de esos roces constitucionales pueden solventarse con una adecuada técnica legislativa.
El objetivo de la propuesta de la jefa del oficialismo es que el aporte que el Estado otorgue al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, así como al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial sea el mismo que se da al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Lo que dice la PGR
La PGR hizo tres señalamientos principales sobre la iniciativa:
-“Preocupa que contemple la posibilidad de que las juntas administradoras de los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial, puedan modificar, vía reglamento, los parámetros iniciales establecidos en la Ley, con respecto a los requisitos de elegibilidad, el perfil de beneficios, así como los aportes y cotizaciones de cada régimen”.
– “Las nuevas medidas que adopte el legislador no pueden ser arbitrarias y mucho menos lesivas de los derechos adquiridos, respecto de aquellas personas que lograron cumplir las condiciones de hecho previstas por la ley vigente, y que actualmente estén disfrutando de las prestaciones económicas que otorgaron dichas normas”
-“Por último, debemos recordar que la Seguridad Social, como derecho prestacional que comprende las prestaciones económicas de larga duración por concepto de invalidez, vejez y sobrevivencia en las que se materializan las jubilaciones y las pensiones, es de innegable configuración legal; es decir, está en manos del legislador”
No es vinculante
El informe de la PGR no es vinculante a la hora de tomar una decisión respecto al proyecto.
“Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes”, indicó a la Comisión de Gobierno y Administración.
Días atrás el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, compareció ante el órgano legislativo para dar a conocer su criterio respecto al proyecto de ley.
Según el jerarca, la iniciativa podría generar un ahorro al Estado al final del proceso de consolidación de más de ¢41.000 millones, el cual se daría de manera progresiva.
En caso de que se apruebe la iniciativa, en el primer año se generaría un ahorro de ¢1.200 millones; ¢2400 millones en el segundo año y hasta ¢3800
millones en un tercer año.
El aporte estatal bajaría alrededor del 15%.
La discusión sobre este proyecto continuará en las próximas semanas.
