Paula Ruiz
El proyecto de “Ley Programa Nacional de Alfabetización” ganó esta semana una serie de detractores quienes presionan a los diputados para frenar su avance en el Congreso.
Esta iniciativa es el plan del Gobierno para enfrentar la falta de conectividad de 425.000 estudiantes afectados durante pandemia.
Durante esta semana, diversos Colegios Profesionales y Cámaras, mostraron su oposición a la iniciativa.
Por ejemplo, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) se respaldó en un criterio de la Contraloría General de la República (CGR) enviado a la Comisión de Hacendarios donde se analiza el expediente.
Infocom resaltó que se enfatiza en un incremento del aparato burocrático, mayores costos operativos, distorsión en competencias del rector de telecomunicaciones y traslado de competencias técnicas a entidades públicas sin conocimiento adecuado.
“Este informe de la Contraloría respalda las posiciones técnicas que ha mantenido la Cámara al sostener que esta iniciativa de ley no se necesita”, aseguró Mario Montero, presidente de Infocom.
OBSERVE MÁS: Alfabetización digital: clave para el desarrollo en Costa Rica
En esta misma línea, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) se oponen al plan por transferir dineros de Fonatel a manos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt).
En este Colegio se oponen a que un programa de educación sea incluido dentro de la Ley General de Telecomunicaciones.
“Lo correspondiente es que un programa de este tipo se coordine mediante los instrumentos contenidos en dicha ley y en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT), lo que además, evitaría la rigidez de legislativa cada vez que el Poder Ejecutivo requiera modificar el programa”, comentó Yenory Rojas Hernández, Presidenta del CPIC.
¿Con capacidad?
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también se opone por ese traslado de recursos al MEP y Micitt.
“El CFIA, enfatizó la necesidad de conocer la capacidad real que tienen el MEP y el MICITT para asumir y desarrollar proyectos adicionales a los que ya ejecutan (…) y que eso no resulte en contradicciones presupuestarias”, indicó el Colegio Profesional.
Al proponerse el traslado de recursos sin limitación, consideran que se pone en riesgo el proyecto, amplió la entidad.
En cuanto a la Contraloría, el ente indicó que no hay claridad sobre los costos que deberá financiar Fonatel.
Además, señala un acceso restrictivo enfocado en el sector educativo sin incluir la alfabetización digital de sectores como salud, seguridad ciudadana, entre otros.
El ente advierte que la Ley pretendida distorsiona las competencias del ente rector en telecomunicaciones al asignarle funciones de ejecución en los proyectos financiados por Fonatel.
Defiende iniciativa
La diputada Yorleny León que impulsa la iniciativa salió en defensa de su proyecto y en contra de los señalamientos de la CGR.
León criticó que se defienda el modelo actual el cual tiene sin acceso a internet a miles de estudiantes.
Para la liberacionista, la CGR defiende a “ultranza este modelo pese a los constantes informes que ha elaborado, señalando que ´tiene debilidades relevantes´”.
Según ella, no se genera una estructura más compleja ni propiciando complicaciones técnicas.
El martes anterior, no hubo respaldo suficiente a una moción para entrar a conocer esta iniciativa en la Comisión de Hacendarios.
La diputada Yorleny León impulsa la iniciativa. (Cortesía Asamblea Legislativa).
