Hermes Solano
El proyecto de ley de extinción de dominio, que fue presentado en la legislatura anterior, no pasó de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
¿Lo asumirá el Gobierno de Rodrigo Chaves? Este miércoles el mandatario habló del tema y aseguró que, en este momento, el proyecto no tiene fundamento técnico para llegar a ser ley de la República.
Esta iniciativa, que existe en muchos países, pretende combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, dos males que afectan a Costa Rica.
El narcotráfico, a través del dinero que genera la venta de drogas, maneja gran cantidad de efectivo. Además de que se adquieren bienes muebles e inmuebles, como casas, fincas, carros y demás.
Con extinción de dominio se pretende incautar estos bienes.
Sin embargo, según Chaves, el proyecto dejaba dudas referentes a la forma del decomiso, que podría poner en riesgo el patrimonio de personas que se lo ganaron de manera lícita.
“Si administrativamente alguien dice que se ganó la plata de manera ilícita, o los bienes que tenga, se los quitan. A como estaba la ley tiene que ir a demostrar a la Corte que usted estaba en lo correcto”, explicó Chaves.
“No existe el fundamento técnico para que llegue a ser ley de la República”, enfatizó.
Jurisdicción especial
Chaves mencionó la Constitución Política para reafirmar que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario y considera que con el proyecto que estaba en corriente legislativa, había dudas respecto al cumplimiento de ese principio.
“Por una decisión administrativa podrían quitarle su casa y que vaya a juicio y eso tardará, en el estado que nos tiene el Poder Judicial, quien sabe cuántos años”, mencionó.
El mandatario considera que el tema es muy técnico y se debe de analizar en todos sus elementos.
“Hay un tema de justicia y equidad y para ver si tendríamos que crear una jurisdicción especial que garantice a los derechos constitucionales y los derechos a la propiedad privada”, indicó.
Dice que en eso están trabajando, porque considera que es un factor importante en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.
