Gustavo Martinez
Ecuador vive un aumento exponencial de la criminalidad con saqueos, robos, toma de instituciones y cárceles a cargo de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico.
Esta situación escaló recientemente con el secuestro de un canal de televisión pública, el pasado 9 de enero. La nación sudamericana está en estado de excepción y el 2023 alcanzó cifra récord de homicidios que lo convierte en el más violento de la región.
Ecuador cerró con una tasa de 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
(AFP)
Para los analistas, el descontrol en el país sudamericano surge, entre muchas otras razones, por el control que tienen organizaciones delictivas en el sistema carcelario, principalmente, por la influencia de carteles de Colombia y México.
Esos enfrentamientos dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021, por los constantes motines y enfrentamiento.
Ante el aumento de homicidios y la actividad del narco que vive Costa Rica, analistas y políticos consideran al país sudamericano como un espejo o realidad próxima a enfrentar en suelo nacional.
“Tuvieron más o menos de 5 a 3 años para haber reaccionado y no lo hicieron. Nosotros ya vamos como por 2 o 3 años y tampoco estamos reaccionando frente a las manifestaciones ya más graves cómo son una tasa de homicidios que en tan solo un año creció en casi un 40%”, dijo la expresidenta Laura Chinchilla recientemente.
Ante esta realidad, El Observador consultó a analistas sobre la situación carcelaria en Costa Rica y los riesgos que se pueden presentar en el futuro.
Los consultados coinciden en que aún no se están en situaciones similares dentro de las prisiones pero que se debe monitorear con cuidado el desarrollo en próximos meses y años.
Hay que monitorear influencia
Para Gerardo Castaing, ex jefe en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sistema penitenciario en el país puede catalogarse como una “sociedad”, con personas de conductas diversas.
“En Costa Rica, los reos se sienten en un estado de confort, hacen lo que quieren. Ellos tienen desayuno, almuerzo, comida, visitas conyugales, ingresan drogas y tecnología. Entonces, sería una conducta errática reaccionar ante algo que no existe”, dijo.
El criminólogo resalta la influencia de grupos criminales provenientes de México que controlan el flujo de drogas en Ecuador y otros países sudamericanos. Entre estas organizaciones se encuentran el cártel de Sinaloa y de Jalisco “nueva generación”, indicó Castaing.
“Aquí en las cárceles tenemos extranjeros dedicados a las drogas y hay mexicanos. Esos elementos sí tienen que ser monitoreados constantemente con la inteligencia penitenciaria, para evitar que ocurra alguna situación irregular e ilegal de liberación de reos”, añadió.
(Oficina de prensa Presidencia Ecuador / AFP)
Este experto apunta que la globalización y el acceso de la tecnología en los centros penitenciarios, como los televisores, pueden incitar y promover ideas a la población privada de libertad.
“Ellos tienen acceso a computadoras, a Internet. Entonces, tiene acceso a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si ellos ven que en Ecuador tomaron un canal de televisión, no es nada raro que en su pensamiento criminal, en algún momento quieran hacer algo. Si ven que los privados de libertad tomaron las cárceles en ese país, podría ser que acá, alguno de ellos lo intenten imitar”, señaló el criminólogo.
Castaing recomienda redoblar esfuerzos del sistema penitenciario en el control, las requisas y el contacto de los efectivos policiales con los detenidos.
Esto para evitar un eventual control en las cárceles nacionales por parte de los privados de libertad, ante todos los estímulos que reciben a través de la influencia de grupos extranjeros y la tecnología.
Hay falencias
Por su parte, la criminóloga Lauren Gordon sostiene que dentro de las principales problemáticas del país están la jurisprudencia, la organización del sistema penitenciario y la desactualización de la legislación.
“Aunque en Costa Rica tenemos un grave problema con la jurisprudencia y eso ha facilitado que las estructuras de crimen organizado operen de manera activa dentro de nuestro entorno, no quiere decir que en algún momento las mismas estructuras eleven a algunas tan específicas como ocurrió en Ecuador de cerrar, incluso, instituciones, comercios y medios de comunicación”, afirmó.
La experta enfatiza en que las estructuras criminales operan en el país desde las falencias de la normativa o jurisprudencia con un sistema penitenciario que “beneficia” con reducciones de la pena u oportunidades a los detenidos por delitos.
“Por ejemplo, si tengo una persona con 90 “pasadas” por el Ministerio Público, seguramente la ciudadanía pensaría que va a existir una 91. También, si detengo a una persona en vía pública con arma, es muy probable que en otra ocasión haya utilizado este tipo de arma o que esté muy cercana a cometer un delito relacionado con la misma. Ese tipo de análisis es el que le falta al país”, dijo la criminóloga.
“Nuestra jurisprudencia está desfasada, se quedó en 1980 y allá tenemos que ir a traerla. Actualmente de lo que tenemos, nada relacionado con crimen organizado está actualizado para lo que estamos viendo”, agregó.
Gordon señala que la globalización de la tecnología acrecentó manifestaciones de violencia de formas más agresiva en los países de la región.
La criminóloga insiste en que resulta difícil contrastar las condiciones de Costa Rica y Ecuador, dadas sus diferencias de sistema penitenciario y estructuras judiciales. Además, considera que, en ocasiones, contar con un ejército puede ayudar a suprimir la influencia de los grupos criminales.
“Ellos (Ecuador) tienen una ventaja. A pesar de que nosotros nos jactamos de que somos uno de los países sin ejército, el no tener la posibilidad de un manejo del ejército desde las autoridades de Gobierno para combatir el crimen organizado; para esos países, que sí lo tiene, les genera la posibilidad, por lo menos, para que controlen en el momento, para que haya un respuesta armada al mismo nivel que el crimen organizado en esos país”, aseguró Gordon.
También apunta a una desigualdad entre el equipamiento con que cuentan las autoridades policiales de Costa Rica, en contraste con el armamento de las personas que operan bajo las estructuras criminales. Este aspecto, pone aún más en riesgo a los encargados de resguardar la seguridad en el país.
Por otra parte, resalta la situación país difiere respecto al control que han ejercido las bandas criminales en países del hemisferio sur.
“Se da mucho en Sudamérica que las cárceles sean controladas de manera directa por pandilleros y grupos criminales, donde es su ley y nadie debe pasar por ahí. Cuando debería ser diferente”, señaló.
“En la medida en que como sociedad no dejamos que esa persona que está delinquiendo no se reintegre a la sociedad y los dejamos a su suerte de un grupo criminal. Es justamente donde estamos entregando al país por completo”, concluyó.
Actual Gobierno enfatizó los operativos para el decomiso de celulares en centros penitenciarios (Ministerio de Justicia y Paz)
Gobierno enfatiza operativos
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el jerarca de Justicia y Paz, Gerald Campos, han insistido que las condiciones de ambos contextos son distintas y que el país no corre el riesgo de presentar la misma crisis que Ecuador.
El miércoles pasado en Conferencia de prensa, el mandatario enfatizó dos diferencias a su criterio: se mantiene el control de las cárceles y del puerto de Moín, contrario a lo que viven los sudamericanos en las prisiones y el puerto de Guayaquil.
Todas las semanas, Justicia da reporte de los decomisos de drogas y celulares en las prisiones, además de revisiones más rigurosas y el combate a la corrupción entre el personal carcelario.
Eso sí, la idea una mega cárcel para Costa Rica ha resonado. El diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslie Bojorges, presentó un proyecto de ley para la construcción de una nueva edificación de gran tamaño.
Aunque el Gobierno se aleja del concepto de una mega prisión-termino popularizado por Nayid Bukele en El Salvador-el jerarca de Justicia, Gerald Campos, reconoció y anunció que es una de la actual administración.
Presidente Rodrigo Chaves insiste en la necesidad de una nueva cárcel inteligente en Costa Rica (Gustavo Martínez/El Observador).
“Vamos por ese camino, estamos en reuniones con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para ver la ruta a seguir, pero lo cierto es que Costa Rica requiere ya una cárcel nueva”, señaló Campos, en conferencia de prensa, el pasado 10 de enero.
“Aquí lo que tenemos que hacer es racionalizar el espacio penitenciario y asignarle un buen presupuesto, unos $100 millones de dólares, aproximadamente, y en eso estamos trabajando. Ahora bien, sí la necesitamos (nueva cárcel) y no sólo más espacio carcelario sino cárceles más inteligentes”, acotó el presidente Chaves.
“Estamos trabajando en todo, va a ser un proyecto completo que involucra no solo la estructura, sino el personal y todos los esfuerzos que se requieren para fortalecer el sistema carcelario”, adicionó Campos.
¿Urge una mega cárcel?
Ante el planteamiento de una nueva cárcel, el criminólogo Castaing difiere sobre la necesidad de un proyecto de esta índole. Por el contrario, apunta a un mejoramiento del sistema y la estructura penitenciaria ya existente.
También insiste en la necesidad de ampliar las cárceles, dado el crecimiento poblacional que enfrenta el país.
“Si se mejora la disciplina sobre los privados de libertad, la gestión de la policía penitenciaria y las requisas sobre los reos, más de uno lo van a pensar (sobre establecer un control de las cárceles)”, finalizó.
Por su parte, la criminóloga Gordon sostiene que la idea estaría lejos de solucionar la problemática de inseguridad nacional.
“Nunca, a mi concepto y formación, una mega cárcel o una nueva cárcel en Costa Rica es la solución. Nosotros tenemos que generar programas para invertir y no es lo que hacemos en nuestro país. Al contrario, le quitamos fondos a la niñez, a la educación, a la salud. Justo los pilares que se requieren para combatir la problemática que atravesamos actualmente”, enfatizó.
Para la experta,, la falta de inversión y las desigualdades sociales orillan a las personas a que, sin oportunidades de educación y de trabajo, busquen en el crimen organizado los ingresos que requieren para subsistir. Esto, a su criterio, acrecenta la criminalidad y amplía el espectro de acción de las estructuras criminales.
Cárceles del país requieren de un reacondicionamiento, sostienen expertos en seguridad y criminología (Archivo/El Observador).
El Observador también consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre el avance del proyecto de la nueva cárcel y la recaudación del presupuesto para financiar la obra.
Desde la oficina de prensa del ministerio se confirmó que aún están en valoraciones y previsiones sobre la obra y que se comunicará oportunamente dichos avances sobre la infraestructura, presupuestos y demás aspectos.
